Protestas vecinales, sentencias del TSXG, empresas que se retiran, concurso de acreedores y nada de coltán. La mina de Penouta, la única que extrae este mineral en toda Europa —esencial para dispositivos electrónicos y cuya extracción en otras partes del mundo no siempre se hace respetando los derechos de humanos—veía cerrar sus puertas hace un año y desde entonces la cadena de sucesos se ha desarrollado de manera desfavorable para Strategic Minerals, la empresa que lleva la explotación en Viana do Bolo.
Aunque fue en 2017 cuando la corporación desembarco en la localidad vianesa, no fue hasta 2021 cuando comenzaron las labores de extracción de niobio y tantalio —que forman el codiciado “oro negro”— en la sección C de Penouta que daba trabajo a 129 personas y permitieron una facturación de más de 11 millones de euros. . Pero, tras una denuncia de Ecoloxistas en Acción, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretaba el cierre de la mina y comenzaba el declive.
“Ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil reparación, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo”. Con esta frase reflejada en la sentencia, el TSXG paralizaba, de manera cautelar, la actividad en la sección C de la mina con el fin de evitar un posible daño en el espacio protegido de Pena Trevinca, dentro de la Red Natura 2000.
No era desconocida la existencia de esta mina, cuyo primer permiso es de 1906. Pero su época de mayor esplendor data de los años 70 cuando la empresa Rumasa extraía estaño hasta 1987.
Volviendo a la actualidad, con el cese cautelar rápidamente la ciudadanía se dejaba oír. Vecinos de a pie, los partidos políticos en Viana y localidades aledañas y empresarios comenzaron a salir a la calle para exigir la apertura de la mina, respaldados por los agentes sociales. Concentraciones en Viana, O Barco y ante la sede del TSXG en A Coruña no llegaron a los oídos de la administración de justicia.
Mientras, la empresa propietaria, de origen canadiense, comenzaba una defensa judicial que no dio fruto. Fue a mediados de diciembre, cuando la misma sala de lo Contencioso-Administrativo alargaba la paralización cautelar lo que llevaba a la corporación a realizar un ERTE a su plantilla.
Una sentencia que no sería la última. Seis meses más tarde, el tribunal convertía en definitiva dicha paralización asegurando que la empresa no había realizado de manera adecuada la evaluación de cómo sería el impacto en la Red Natura 2000 destacando que se han detectado contaminación en el agua y grietas en las viviendas más próximas. Pero este capítulo no ha finalizado puesto que la sentencia no es firme y está pendiente del doble recurso presentado ante el Supremo por Xunta y empresa.
Pero las consecuencias de esta sentencia pronto se dejaron ver. La explotación continuaba generando gasto, por lo que Strategic Minerals trato de buscar otros inversores que permitieran la supervivencia de la mina. IberAmerican Lithium era la empresa que parecía que iba a salvar a su paisana canadiense del desastre pero en agosto anunciaba que no continuaba y la empresa concesionaria de la mina del coltán entraba en septiembre en concurso de acreedores.
Pero parece que la lucha por la reapertura no cesa. A finales del mes pasado, el portavoz de Industria del grupo popular en el parlamento gallego, Rubén Lorenzo, demandó que sea el Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, quien analice la presencia de metales pesados en las masas de agua del entorno de la mina. Además también pidió asesoramiento para los trabajadores que busquen otra labor. Sin embargo, desde el PSOE creen que en realidad lo que está haciendo el gobierno autonómico es «abandonar aos traballadores e poñerse do lado da empresa». Así lo manifestó Patricia Iglesias, que defendió una iniciativa que reclamaba, precisamente, la adopción de medidas «urxentes».
