La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que el anuncio de quiebra de la empresa gestora de la mina de Penouta es una “artimaña”. Así, los ecologistas han recordado que, pese a que la autorización de explotación fue otorgada hace solo dos años, ahora la filial de la canadiense Strategic Minerals se ha declarado insolvente, sin que se le impusiesen avales suficientes para acometer la restauración de la mina.Después de una tramitación irregular, el proyecto de explotación de la Penouta fue tumbado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la raíz de la demanda de Ecologistas en Acción. “Las ecologistas ya alertamos a la Xunta de las irregularidades en los alegatos iniciales y en un recurso administrativo previo, mas la Xunta decidió ignorarlas, llevando la mina a la situación actual”, explica Cristóbal López, portavoz de la organización.
Denuncian que este “favor” a la empresa, "de la que es empleado el presidente de la Cámara Oficial Minera de Galicia", puntualizan, saldrá caro, pues la restauración efectiva de la zona podría elevarse a más de 30 millones de euros, tomando como ejemplo el coste de actuaciones de restauración de minas semejantes en España. Señalan además que la empresa minera hace meses que dejó de pagar el alquiler de los terrenos a la comunidad de montes de la Penouta, que de nuevo quedará con un desastre ambiental nos sus terrenos.
Afición a la Red Natura 2000
Ecologistas en Acción confirmó que tanto sus analíticas como las de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil acreditan que la contaminación en el entorno de la mina de la Penouta está causada por la actividad de la empresa Strategic Minerals, afectando al espacio natural protegido de Pena Trevinca, en Red Natura. De hecho, "los análisis más recientes muestran niveles de contaminación de arsénico y cadmio muy superiores a los que se mostraban en un estudio preoperacional realizado por la empresa en 2014", puntualizan.
Estos hechos fueron elevados por la organización ecologista a los juzgados, donde se abrieron diligencias penitenciarias por presunto delito contra lo medio ambiente y los recursos naturales. Ecologistas en Acción está personada como acusación popular en las mismas y solicitará medidas cautelares para obligar a la empresa, y subsidiariamente a la Xunta, a adoptar las medidas necesarias para parar la contaminación.
