Dos minutos es el tiempo que se necesita para crear una cuenta anónima en TikTok. Tres deslizamientos después, el contenido que aparece en pantalla es para adultos.
«Lo único que necesito es un correo electrónico», explica, Óscar Yáñez, de APP Informática de O Barco. Un correo que, además, puede ser virtual y no requerir datos reales. «Me inventé nombre y apellidos, rellené cuatro datos y ya estaba dentro». Sin historial digital previo, sin verificación de edad y con acceso directo a mensajería con cualquier usuario de la plataforma.
La prueba llega en plena conversación nacional tras el anuncio del presidente del Gobierno de impulsar una regulación para limitar el acceso de los menores a las redes sociales. De momento, se trata de una propuesta. Pero el debate ya está encima de la mesa.
Según cifras de la Fiscalía de Menores, el 92,5 % de los adolescentes participa en al menos una red social y el 75 % utiliza tres o más. «Quedan cuatro», resume Yáñez para dimensionar el alcance. La presencia es masiva y el acceso, técnicamente, sencillo.
El problema, insiste, no es la herramienta en sí, sino el uso y el entorno en el que se mueve. Entre los contenidos que generan inquietud enumera la sexualización, el odio, la humillación, la violencia verbal, las estafas, la manipulación y el impacto en la salud mental.
«Todo está diseñado de forma adictiva. Es un negocio», recuerda. No se trata de demonizar las plataformas —«pueden ser muy útiles», admite— sino de entender que funcionan bajo lógicas comerciales donde el tiempo de permanencia es clave.
Y a los 13 o 14 años no siempre existe la madurez suficiente para distinguir una estafa, una suplantación de identidad o una manipulación emocional. «A veces nos cuesta a los adultos», apunta.
¿Qué es red social?
El debate incluye también qué plataformas deberían considerarse red social a efectos legales. En países como Australia o Francia, WhatsApp no se está limitando al tratarse de mensajería “pura”, pese a que muchos casos de acoso y ciberbullying se producen precisamente a través de este canal. En cambio, el foco se sitúa en TikTok, Instagram, YouTube o Snapchat, donde el consumo de contenido es más abierto y masivo.
También existe una brecha generacional clara: «Los padres están en Facebook y sus hijos no quieren saber nada de Facebook», explica. Las plataformas migran y el control familiar no siempre acompaña.
Si la propuesta prospera, la clave será el sistema de verificación. Una opción sería la identificación directa mediante DNI, como ocurre en casas de apuestas o casinos. El inconveniente, señala Yáñez, es la reticencia a facilitar datos personales de menores a empresas privadas y el riesgo de filtraciones.
La alternativa que más peso tiene en Europa pasa por crear un organismo intermedio, una especie de entidad pública verificadora. En Francia funciona un sistema similar bajo el organismo Arcom, donde el ciudadano acredita su edad ante una autoridad estatal que no comparte sus datos con la red social, sino que simplemente certifica si es mayor o menor.
«La red no sabría quién eres, solo recibiría la confirmación», explica. Este modelo se considera más respetuoso con la privacidad, aunque requiere infraestructura, inversión y una implantación técnica compleja.
Otras fórmulas, como la verificación mediante selfie analizado por inteligencia artificial o a través de operadores móviles y bancos, generan dudas adicionales. «Si la línea o la cuenta no está a nombre del menor, el sistema flojea», apunta.
Ventajas que no se pueden ignorar
Pese a los riesgos, Yáñez insiste en no caer en simplificaciones. Las redes también ofrecen espacios de aprendizaje, comunidades de apoyo y oportunidades de socialización. Cita el caso de adolescentes con enfermedades raras que encuentran en grupos digitales un entorno de comprensión mutua.
Tutoriales, idiomas, divulgación científica, herramientas educativas… «Hay contenido que es oro», reconoce. El desafío es equilibrar protección y acceso.
Pero más interesante que entrar en el debate sobre leyes y verificaciones, el informático barquense señala una carencia estructural: la educación digital.
«En Primaria no existe una asignatura que explique qué pasa en Internet», lamenta. Para él, la formación en uso responsable, riesgos, privacidad y comunicación digital debería empezar entre los 9 y 12 años, cuando muchos menores ya tienen acceso a dispositivos.
No se trata de enseñar programación avanzada, sino de explicar cómo funcionan las redes, qué peligros existen y cómo actuar ante un problema. «Si te pasa algo, díselo a tus padres», resume como idea básica.
Porque, sostiene, ninguna norma podrá frenar por completo la habilidad de los jóvenes para sortear barreras técnicas. «La astucia no la puede frenar ni Internet ni nadie», reconoce.
El debate seguirá abierto. La propuesta del Gobierno requerirá desarrollo legislativo, consenso técnico y pedagogía social. Pero la prueba de Óscar Yáñez deja una evidencia difícil de ignorar: hoy, con un móvil en la mano, crear una identidad digital sin control es cuestión de minutos.
Y la conversación ya no es si las redes son buenas o malas, sino cómo educar a quienes crecen dentro de ellas.
