El pleno de la Diputación de Ourense que se celebra este viernes debatirá tres mociones impulsadas por el Grupo Provincial Socialista, dos de ellas presentadas en solitario y una conjunta con el resto de fuerzas políticas. La defensa de los derechos en el ámbito educativo, la recuperación de mecanismos de transparencia y la conectividad ferroviaria de la provincia son los ejes principales de estas propuestas.
La primera moción reclama la retirada inmediata de los costes que deben asumir algunos concellos rurales para organizar las pruebas de acceso a la universidad (ABAU). El caso de A Rúa, donde se celebran estos exámenes para el alumnado de Valdeorras, es paradigmático. Según denuncian los socialistas, el convenio firmado con la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) impone una carga económica de más de 21.800 euros, que debe repartirse entre los municipios afectados.
«É unha anomalía e un agravio», asegura el diputado provincial Aurentino Alonso, que cifra en 134.000 euros el gasto acumulado desde 2013 por parte de los concellos de la comarca. Asegura que esta situación solo se produce en tres zonas de Galicia —A Rúa, Viveiro e Cee— mientras el resto de localidades que acogen las pruebas no abonan cantidad alguna.
Alonso defiende que se trata de «un sistema inxusto» que penaliza a los territorios más periféricos y castiga a las familias del rural. «Estamos falando de exames que duran tres días. Sen sede propia, moitas familias terían que pagar hoteis ou facer desprazamentos diarios ata Ourense», explica. El PSOE no pide financiación directa a la Diputación, pero sí que esta actúe como mediadora ante la Xunta para poner fin a esta desigualdad territorial.
La segunda moción socialista busca recuperar un órgano clave de control institucional: el Comité Ético de la Diputación de Ourense. Inactivo desde 2015, este comité fue creado durante el mandato de José Manuel Baltar y cesó en su primera actuación, cuando sus miembros dimitieron al abordar un caso relacionado con el propio presidente. Desde entonces no se ha reactivado. «Todas as deputacións teñen un comité ético que dirime cuestións sensibles relacionadas co funcionamento político e administrativo. Ourense leva dez anos sen el», lamenta Alonso.
La propuesta del PSOE incluye la creación inmediata de un nuevo comité, formado por personas externas a la institución y seleccionadas por mérito, así como el diseño de un sistema de garantías que asegure su autonomía, su renovación periódica y la publicación anual de sus informes. Para los socialistas, esta ausencia prolongada «é un síntoma da falta de compromiso coa transparencia e coa boa gobernanza».
La tercera moción, que será presentada de forma conjunta por todos los grupos con representación en la Diputación —PP, PSOE, BNG e DO—, exige que se mantengan las paradas ferroviarias en la estación de A Gudiña. El nuevo plan de Renfe, que entrará en vigor el 9 de junio, suprime varios servicios fundamentales, entre ellos el tren de las 8.30 horas con destino Madrid, utilizado por muchas personas de Valdeorras, Verín, Monterrei, el norte de Portugal e incluso El Bierzo.
«A Gudiña ten máis de 37.000 usuarios ao ano e dá servizo a unha poboación potencial de 260.000 persoas. Suprimir estas paradas é romper a conexión ferroviaria dunha ampla zona de montaña e fronteiriza», advierte Alonso. La moción reclama a Renfe que revierta los cambios de horarios, deje de vender billetes con la nueva planificación y recupere los servicios suprimidos. Los socialistas se muestran dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que impulse el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, quien ha liderado esta reivindicación con el respaldo de una treintena de concellos de Galicia y el norte de Portugal.
Con estas tres mociones, el PSdG-PSOE pone el foco en los desafíos reales a los que se enfrentan los municipios de la provincia y en la necesidad de que las instituciones actúen para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos en todo el territorio.
