Con cerca de 700 plazas, aseguran que las medidas de
prevención se tomaron desde la dirección de las residencias antes de que ser
decretadas
Las residencias de personas mayores se han convertido en el foco de atención en tiempos de COVID 19. Tratándose de ancianos, en la mayoría con patologías previas, constituyen un lugar de riesgo extremo donde el coronavirus puede causar fuertes estragos. Por este motivo, desde la dirección de las residencias de Valdeorras exigen un mayor número de sistemas de protección y de detección rápida, tanto para residentes de los centros de mayores como para los trabajadores.
La comarca de Valdeorras cuenta con un total de nueve residencias de ancianos que tienen cerca de 700 plazas. Un número nada desdeñable cuando hablamos de prevención de enfermedades y en las que, por el momento, se alegran de no contar con ningún caso de coronavirus. Todas ellas han adoptado medidas de prevención y seguridad, han cancelado las visitas y no realizan nuevos ingresos de residentes.
Desde la Residencia Fátima de O Barco señalan que han seguido, en primer lugar, las directrices marcadas por la Xunta de Galicia y después por el Gobierno de España. “El lavado de manos, la distancia de seguridad, el uso de guantes desechables, la cancelación de las visitas…son las medidas que comenzamos a aplicar una vez se conoció el desarrollo de la epidemia”, explica Carmen Rodríguez directora de dicho centro que cuenta con 99 residentes. “Atendemos a una población de riesgo y casi no nos llegan mascarillas, ni guantes, ni mucho menos EPIS´s”, destaca.
Los EPI´s son los equipos de protección individual que cualquier trabajador debe ponerse a la hora de tratar con un infectado y conseguirlos, tanto para residencias como para centros sanitarios, está siendo una tarea complicada.
Desde la Fundación San Rosendo, que cuenta con cuatro centros en la comarca como son los de Carballeda, Santa María en A Veiga, O Bolo y Nuestra Señora de Fátima en A Rúa destacan que llegan “con cuentagotas”. “En caso de que haya positivos, los necesitaremos y no tenemos suficientes”, aseguran las fuentes consultadas.
Desde dichas residencias, que gestionan 218 plazas, afirman haber hecho un esfuerzo en comunicación con las familias dado que no pueden visitar a sus mayores. “Hay una persona en cada centro que llama todos los días a los familiares para informales de cómo están y además, los residentes mantienen contacto telefónico o por videollamada”, acentúan.
Eso sí, subrayan que no son hospitales y que, en caso de que haya una infectado, no pueden atenderle como es necesario. “No tenemos ni los mismos cuidados ni los medios. A las residencias nos han pedido una serie de atención de las que no disponemos porque no somos un hospital por lo que estamos viviendo una situación complicada”, insisten mientras añaden que no disponen de material para la prevención ni si hay un positivo. “La petición de más material se basa en la realidad que vivimos”.
Por su parte, Lara Fidalgo, directora de la Residencia San Cosme de Rubiá destaca que ellos no han recibido nada de material. “Por supuesto, desde antes de que el gobierno y la Xunta lo decretase, nosotros ya tomamos medidas con nuestro propio material”, destaca. Advierten, además, que los residentes mantienen contacto telefónico con sus familias dado que estos no pueden acudir a visitarles.
El Real Decreto, que recoge el Estado de Alarma, expone las medidas relativas a adoptar en los centros de mayores en caso de que haya algún caso positivo. Estas medidas pasan por reubicar en el plazo de un día a los residentes, aislando por un lado a los asintomáticos que no hayan tenido contacto con positivos, por otro a los que sí lo hayan tenido y de forma independiente también a los afectados con síntomas compatibles con el coronavirus, así como a los positivos confirmados.
Para implementar estas normas es necesario sectorizar los espacios y aislar a todos los ancianos que presenten infecciones respiratorias, tal y como han explicado desde las Residencias. En este sentido, apelan a la necesidad de dotar a los trabajadores de la protección adecuada para el desempeño de sus funciones para lo que necesitan los sistemas de prevención del gobierno central.
