El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como «Caso Koldo» también llega con sus ramas hasta la comarca de Valdeorras.
Aunque ya se había dado a conocer que el auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, incluye el relato pormenorizado de la presunta trama vinculada a la venta de mascarillas por parte de la empresa Soluciones de Gestión, integrada en Grupo Cueto, que habría empleado a Koldo García como intermediario para facilitar los trámites de los procesos de adjudicación de material sanitario. Según Fiscalía, parte de las plusvalías obtenidas en estas operaciones por Soluciones de Gestión, propiedad de Íñigo Rotaeche y Luis Presa Medina, se emplearon para comprar fincas rústicas en la comarca de Valdeorras, en concreto, en el municipio de Carballeda.
Estos terrenos fueron adquiridos por Soluciones de Gestión para, a continuación, ser traspasados a Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, integrada también en Grupo Cueto y que dedica su actividad a la extracción de pizarra.
Pero va más allá este vínculo. El pasado 23 de febrero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a un subteniente del Cuerpo que estuvo destinado en la seguridad del Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos. Este suboficial, al que los investigadores consideran “pieza clave en la gestión de los contratos investigados”, es natural de O Barco de Valdeorras.
Aunque el subteniente ha quedado en libertad, si bien figura como investigado en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
En su querella, la Fiscalía Anticorrupción confiere la “máxima importancia” a la relación que el suboficial, ahora en la reserva, mantenía con Koldo García, el antiguo asesor del ministro imputado por varios delitos, entre ellos el de organización criminal. Incluso después de dejar el Ministerio y pasar a la reserva, el guardia civil “tendría influencia sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”, esto es Puertos del Estado y Adif.
Las pesquisas de Anticorrupción y la UCO han permitido determinar que parte de las comisiones obtenidas por Koldo García y los empresarios investigados Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto Martín fueron a parar a la puesta en marcha de un negocio de pizarras. A su vez, los investigadores vinculan al subteniente José Luis Rodríguez García con ese negocio de pizarras y con el empresario Juan Carlos Cueto Martín. El suboficial conducía un coche a nombre de una sociedad del empresario y pertenecería a “un grupo” que consultaba todos sus movimientos a Cueto.
El empresario Cueto, para el que trabajaría de forma secreta el subteniente, está en la cúspide del entramado de empresas que se beneficiaron de los 53 millones de euros de contratos públicos por material sanitario en pandemia.
Los agentes de la UCO vigilaron a su compañero en secreto durante meses. Tienen identificado un viaje del empresario al frente de la trama, Cueto, en compañía del guardia civil a O Barco de Valdeorras, donde se encuentra la explotación de pizarra que nutre al negocio que pusieron con las comisiones de los contratos.
