«Non se está dando a visibilidade que merece a magnitude do problema», afirma Sherezade Núñez, diputada provincial del PSOE, al referirse a la situación de los centros de menores y de discapacidad en la provincia. «Os profesionais están totalmente desprotexidos, a nivel laboral, físico e moral», añade.
Denuncia que la Consellería de Política Social lleva meses «sen implicarse, ignorando as chamadas de auxilio dun sector que traballa baixo mínimos» y recuerda que «cando o criterio é puramente económico e non moral, os usuarios acaban sendo os máis prexudicados».
El grupo socialista defenderá este viernes en el Pleno de la Diputación dos mociones centradas en los servicios sociales más sensibles de la provincia. La primera pide a la Xunta que reciba de inmediato a los representantes sindicales y patronales del sector de reforma juvenil y protección de menores para negociar un convenio gallego que mejore las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, garantice ratios adecuadas y dote mejor los centros.
La segunda insta al Gobierno gallego a actualizar los módulos del concierto social en el ámbito de la discapacidad intelectual, de modo que cubran la subida de salarios y la inflación, y a abrir una mesa de diálogo real con el sector. También propone que la Diputación apoye la campaña «A discapacidade intelectual en loita. Sen financiamento non hai futuro» y explore líneas complementarias de apoyo mientras no se resuelva la falta de fondos autonómicos.
Núñez subraya que ambas mociones tienen un hilo común: «Estamos a falar de dereitos básicos; toca implicarse e dar solucións máis alá das cores políticas». Asegura que el PSOE defenderá estas propuestas «por sentido moral» y llama a todas las administraciones a reconocer «a gravidade do problema» y actuar con responsabilidad.
El Pleno de la Diputación abordará también este viernes una modificación de crédito que destina 6,2 millones de euros a transferencias a los concellos y otras actuaciones provinciales. En el caso de Valdeorras, la medida permitirá financiar obras en los nueve municipios, entre ellas la tercera fase del saneamiento y abastecimiento de San Miguel, en Vilamartín, una actuación que Núñez considera «prioritaria para restablecer un servizo básico tras os incendios».
Según explicó la diputada, el objetivo es «dar liquidez aos concellos para executar obras prioritarias» y, como ya ocurrió en otros planes, los más afectados por los incendios recibirán un esfuerzo económico mayor. Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en las infraestructuras y servicios de O Barco, A Rúa, Rubiá, Carballeda, A Veiga, O Bolo, Larouco y Petín, con aportaciones que oscilan entre los 80.000 y los 100.000 euros por municipio.
Como teniente de alcalde de Vilamartín, Núñez reconoce la dureza de la situación tras la ola de incendios del verano. «A situación é dramática en algúns núcleos; cada episodio de chuvias volve colapsar as captacións», explica. Asegura que los concellos están actuando «sen descanso, con todos os recursos dispoñibles e coa colaboración veciñal», pero insiste en que «a emerxencia social non se corresponde cos tempos administrativos».
Por eso pide «máis implicación das administracións supramunicipais», recordando que «o sentido da súa existencia é garantir que os pequenos concellos poidan cumprir coas súas funcións básicas».
Puedes escuchar aquí la entrevista completa:
