Las obligaciones municipales contraídas con los bancos se redujeron el pasado año en 419.000 euros, A Rúa sigue siendo el concello que registra una mayor deuda
Entre 2018 y 2019, los municipios de Valdeorras rebajaron su volumen de deuda viva un 10,8%, lo que equivale a 419.000 euros menos comprometidos con las entidades financieras. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda sitúan el volumen de deuda total de los consistorios de la comarca en 3.433.000 euros, frente a los 3.852.000 que tenían en 2018. La cifra más significativa es si se comparan estos datos con los de diez años atrás, en diciembre de 2009 cuando la cifra alcanzó 8.098.000 euros.
Hay tres municipios valdeorreses que pueden presumir de deuda cero estos son Carballeda de Valdeorras, A Veiga y Rubiá; un club al que también se suma Manzaneda. Cabe destacar que Carballeda ha mantenido esta deuda a cero desde antes de la recesión de 2008. Bien es cierto que casi todo el resto de concellos se mantienen técnicamente saneados con datos de endeudamiento muy bajos.
Siempre según los datos del Ministerio de Hacienda, en el otro extremo del ranking, el de los ayuntamientos más endeudados, se sitúa A Rúa, con 1.623.000 euros. No obstante el concello rués ha conseguido adelgazar su factura en 243.000 euros en sólo un año. En la lista de ayuntamientos más endeudados le siguen O Barco con 625.000 euros frente a los 806.000 de hace un año o lo 3.201.000 de hace diez años. En tercer lugar se sitúa Petín con 552.000 euros.
También hay localidades que incrementan su deuda, aunque concretamente solo una: O Bolo que actualmente tiene una deuda de 83.000 euros aunque el año pasado estaba a cero, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.
Cabe recordar que los concellos están sometidos a un estricto control financiero por parte del ministerio, establecido por el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de reducir la crisis financiera. En plena recesión y con el fantasma de la intervención de la economía española, el Ejecutivo decidió recortar drásticamente el gasto público ante el desplome de los ingresos y así tratar de frenar el déficit y el aumento de deuda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 obligó a las administraciones a cuadrar sus cuentas, priorizando el pago de deuda y limitando el aumento de inversión.
En caso de superávit, los ayuntamientos deben ajustarse a múltiples restricciones para reinvertir sus fondos, regulación que todavía persiste. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclama constantemente al Gobierno que relaje las reglas para poder gastarlo y dedicarlo a la recuperación tras la crisis sanitaria.
No obstante, Hacienda no ha dado respuesta aún. La ministra, María Jesús Montero, reivindicó el diálogo que mantiene el Gobierno con la FEMP para buscar una solución, pero evitó pronunciarse expresamente sobre la demanda de Abel Caballero y de otros alcaldes socialistas, según han informado medios nacionales.
