Están siendo malos meses para la administración de justicia. A la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, LAJ, en los juzgados que se desconvocó a finales del pasado mes de marzo; ahora están realizando paros parciales (y un paro total el pasado miércoles) los funcionarios de justicia.
Una huelga que no ha tenido mucha repercusión en los juzgados de O Barco de Valdeorras ni de A Pobra de Trives, tal y como han informado desde CSIF, uno de los sindicatos convocantes. "Calculamos que un 25% de los funcionarios han secundado la huelga", han destacado desde el sindicato donde han informado que de este modo se han podido seguir celebrando las vistas y no se ha interrumpido la administración de justicia.
Razones de la huelga
La razón de estos parones son básicamente dos cuestiones que son competencia directa del Ejecutivo central: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la ley de eficiencia organizativa.
Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto está en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Aunque los representantes de los trabajadores defienden que la movilización de ahora no es “consecuencia” de los logros conseguidos por los letrados, la mayoría admite que ese acuerdo ha precipitado su protesta.
A la reivindicación salarial, los funcionarios suman su rechazo a la tramitación que se está haciendo de la ley de eficiencia organizativa, que prevé la posibilidad de encomendar tareas de tribunales con mucha carga de trabajo a personal de otros destinos o fusionar las tareas de distintos juzgados.
