Galicia podría estar a las puertas de un cambio decisivo en el futuro de la energía eólica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la tramitación ambiental realizada por la Xunta en los últimos años para autorizar parques eólicos, lo que podría suponer el fin de la parálisis judicial que arrastra el sector desde 2022. La sentencia, hecha pública el pasado jueves en Luxemburgo, da la razón al Gobierno gallego y desautoriza la interpretación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que había suspendido la mayor parte de los proyectos en curso.
En total, son 92 los parques eólicos afectados por procedimientos judiciales, de los que 86 se encuentran suspendidos. Todos ellos suman una potencia conjunta de casi 2.500 megavatios y una inversión estimada de 3.000 millones de euros. Su puesta en marcha evitaría la emisión de unas 2,5 millones de toneladas de CO₂ al año, una cifra similar al impacto que generan dos millones de vehículos circulando durante doce meses.
Xunta y EGA exigen reactivar los procedimientos
Este lunes, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se reunió con representantes de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) para analizar el alcance de la sentencia. Ambas partes coincidieron en que ha llegado el momento de poner fin al bloqueo. «Xa non hai ningunha xustificación para manter a parálise xudicial», señaló la conselleira, que pidió al TSXG que retome los procedimientos sin más demoras y aplique el principio de interés público superior recogido en la Directiva europea de 2023 sobre energías renovables.
Desde el inicio del conflicto judicial, la Xunta ha defendido que su procedimiento de evaluación ambiental —basado en la Ley estatal de 2013, que traspone la normativa comunitaria— se ajustaba a derecho. El Supremo ya había respaldado esta posición en cuatro sentencias dictadas entre 2023 y 2025, relativas a parques concretos como los de Corme o Campelo. El TJUE ahora ratifica que el modelo gallego, que incluye la información pública simultánea en los trámites ambientales, es compatible con la legislación europea.
La decisión judicial europea puede tener un efecto dominó en el conjunto del tejido productivo gallego. Grandes proyectos industriales, como los de Alcoa, Cortizo, Endesa o Reganosa, habían quedado en suspenso por la imposibilidad de asegurar suministro eléctrico renovable y estable. Según estimaciones de la patronal, la paralización afectaba a inversiones por valor de 10.000 millones de euros —4.200 vinculados a parques eólicos y 6.300 a 32 proyectos industriales— y a la generación de hasta 22.000 empleos directos e indirectos en Galicia.
Sin embargo, el desbloqueo no será automático. Cada caso deberá resolverse individualmente en el TSXG, que tendrá que levantar las suspensiones en función de los criterios marcados por la justicia europea. A eso se suma que, aunque los parques obtengan luz verde, su construcción puede tardar entre uno y tres años, según el sector, debido a los plazos de fabricación, transporte e instalación.
