El otoño llega con nuevas movilizaciones sindicales en Galicia. Dos de los principales sectores económicos y laborales de la comunidad, el educativo y el de la construcción, han anunciado convocatorias de huelga en las próximas semanas para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y exigir avances en la negociación colectiva.
Por un lado, el profesorado gallego está llamado a un paro de 48 horas los días 28 y 29 de octubre, convocado por la CIG-Ensino y el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino Galego (STEG). Las organizaciones promotoras de la protesta piden a la comunidad educativa movilizarse en defensa de la enseñanza pública y alertan de la sobrecarga burocrática, el incremento de tareas no docentes y la falta de diálogo por parte de la Consellería de Educación.
Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de ratios, la disminución de horas lectivas, la estabilidad del profesorado interino y la mejora general de las condiciones laborales. La CIG y el STEG sostienen que la situación actual está afectando tanto al desempeño docente como a la calidad educativa, y que es necesario un cambio de rumbo en la política educativa de la Xunta.
Por otra parte, la Federación da Construción e Madeira da CIG ha anunciado una huelga el próximo 5 de noviembre en el sector de la construcción, que afectará a todas las personas trabajadoras reguladas por los convenios provinciales, tanto en obra pública como privada. En el caso de Ourense, la convocatoria alcanza a actividades como la construcción de obra civil, las plantas de hormigón y aglomerado, las canteras y plantas de áridos, la conservación de autopistas, los talleres de chatarra y los aserraderos de piedra.
El sindicato denuncia la actitud obstruccionista de la patronal, que —según la central— se niega incluso a mantener una reunión para abordar las demandas del sector. Entre ellas, la CIG reclama la creación de un marco gallego de negociación colectiva que blinde los convenios provinciales y permita avanzar en materias que actualmente dependen del convenio estatal.
Ambas movilizaciones se enmarcan en un clima creciente de malestar sindical, con la CIG y otras organizaciones reclamando medidas que frenen la pérdida de poder adquisitivo, reduzcan la precariedad y garanticen el mantenimiento de los derechos laborales en sectores estratégicos para la economía gallega.
