La reunión del grupo de trabajo sobre la gestión del jabalí celebrada este martes 9 de diciembre, dejó dos lecturas muy distintas entre la Xunta y el Sindicato Labrego Galego (SLG), uno de los colectivos que participó en el encuentro. Para el Gobierno autonómico, la cita sirvió para reafirmar y reforzar las medidas de control ya en marcha y, según su versión, sus propuestas recibieron el aval del órgano multisectorial. Para el SLG, en cambio, la Consellería de Medio Ambiente acudió sin un plan concreto y mantiene una estrategia que consideran ineficaz y basada casi exclusivamente en la caza.
Según la nota de prensa enviada por la Xunta, la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, aseguró que el grupo de trabajo «apoyó» las propuestas planteadas por su departamento, entre ellas el estudio de modalidades alternativas de caza —como el uso de arqueros— y la posibilidad de bonificar las tasas a los Tecores que superen su cupo anual de capturas.
También insistió en que la presencia de jabalíes en zonas urbanas está vinculada al estado de las áreas periurbanas y recordó que la limpieza de fincas, márgenes e infraestructuras es responsabilidad municipal. La Xunta pidió a la Fegamp que traslade esta obligación a los ayuntamientos y lanzó un mensaje de tranquilidad ante los casos de peste porcina africana detectados en Cataluña, asegurando que están controlados y que Galicia ya ha solicitado una Conferencia Sectorial específica para coordinar la respuesta a nivel estatal.
El SLG, por su parte, ofrece un relato muy diferente. En su comunicado, el sindicato sostiene que la Consellería «chegou á reunión sen medidas concretas e coa intención de limitarse a escoitar as achegas das partes presentes», lo que interpretan como una falta de iniciativa ante un problema que consideran urgente. Su secretario de Acción Sindical, el apicultor Brais Álvarez, fue especialmente crítico al asegurar que la administración «quere centralo todo en matar. Non hai outra idea pola súa parte para a xestión do xabaril».
El SLG afirma además que los datos facilitados por la propia Consellería en el encuentro muestran que la estrategia basada en la caza no funciona: tras cinco años consecutivos de emergencia cinegética, el número de jabalíes abatidos apenas ha aumentado un 1%, unas doscientas piezas más respecto a las cerca de 20.000 anuales. Según el sindicato, incluso las federaciones de caza admitieron que no puede exigírseles más esfuerzo porque «esta non é a solución ao problema».
La discrepancia se amplía con el presupuesto destinado a la prevención de daños. El SLG denuncia un recorte del 25% para 2026, pasando de dos millones de euros a millón y medio, algo que Álvarez considera «incongruente coa preocupación que a Xunta di ter polos danos que causa a fauna silvestre». «Non nos poden asegurar […] que están moi preocupados e despois propoñernos un recorte do 25%», afirmó en el comunicado.
Mientras la administración autonómica pone el foco en la coordinación entre administraciones, el refuerzo cinegético y la responsabilidad municipal en la limpieza de zonas periurbanas, el SLG sostiene que la gestión del jabalí debe orientarse hacia la prevención, la bioseguridad y el uso de métodos disuasorios ya aplicados en otros países europeos. Reclama además que se priorice a las explotaciones de porcino en extensivo y que se mantenga un diálogo continuado con el sector, recordando que el grupo de trabajo solo se reunió en febrero y en diciembre de este año.
Las dos versiones revelan un choque evidente: la Xunta habla de consenso y de eficacia de sus medidas, mientras el SLG niega que existiera tal respaldo y advierte de que sin más inversión en prevención y sin un cambio de enfoque, el problema lejos de resolverse podría agravarse. La única coincidencia entre ambas partes es la necesidad de mantener vigilancia ante la peste porcina africana, aunque cada una sitúa las prioridades en lugares muy distintos.
