Los ataques del lobo al ganado se han disparado en Galicia desde que en 2021 se prohibiera su caza. Solo en la provincia de Ourense, se tramitaron 86 ataques en 2023 y, en lo que va de 2024, ya se han registrado 51 incidentes. Son datos oficiales de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que advierte además de un aumento del 77 % en los avisos por daños y del 57 % en el número de reses afectadas desde la entrada del lobo en el LESPRE.
La situación ha llevado al Gobierno central a autorizar que Galicia retome su Plan de Xestión do Lobo, paralizado desde hace tres años, y que permite, desde el 12 de abril, aplicar controles puntuales sobre la especie. La medida, aprobada tras una petición directa de la Xunta, permite realizar esperas, batidas y monterías a lo largo de todo el año, salvo entre abril y junio, en que solo se autorizarán esperas. La caza del lobo sigue prohibida como norma general, pero podrá autorizarse de forma excepcional si se demuestra un ataque.
Según los datos de la propia Consellería, en Galicia hay actualmente 93 manadas de lobo, de las cuales 26 se encuentran en la provincia de Ourense, con una población estimada de entre 208 y 234 ejemplares. Se trata de una de las provincias con mayor concentración de ejemplares de toda la comunidad.
Aníbal Fernández, cazador y propietario de un coto en Valdeorras, cree que la decisión es necesaria, aunque llega tarde. «Está bien, pero llega tarde», comenta. «Durante años nos dijeron que no se podía hacer nada. Ahora que hay problemas reales, la responsabilidad recae en nosotros». Asegura que esta sobreprotección ha roto el equilibrio natural y provocado consecuencias en cadena.
Una de ellas, dice, es el aumento de jabalíes en las zonas bajas: «Los jabalíes bajan porque huyen del lobo. Y por eso los vemos en los pueblos, en las carreteras, en las viñas. Es un efecto dominó». Fernández considera que la medida debería ir más allá de los permisos puntuales. «Lo ideal sería incluir al lobo en los planes cinegéticos, como ya se hace con otras especies. Así habría cupos y gestión real».
Además, hay otros problemas: «Para actuar, primero tienes que demostrar el daño. Pero si desaparece una cría y no encuentras ni restos ni crotales, ¿cómo lo justificas? Y mientras, nadie te compensa». Estas situaciones ya se han vivido en zonas como San Xoán de Ríos, donde hace unos meses los ganaderos denunciaban el aumento de los ataques, pero muchas veces es difícil de demostrar.
Para paliar los efectos de estos ataques, la Xunta lanzó en diciembre de 2024 una nueva convocatoria de ayudas dotada con seis millones de euros. Las indemnizaciones, que también incluyen daños por jabalí y oso, oscilan entre 41,47 y 2.858,57 euros por animal afectado, dependiendo de su especie, edad y sistema de explotación. Es un 22 % más que en años anteriores, pero en el monte no siempre se traduce en tranquilidad.
«El dinero ayuda, pero no lo soluciona todo», reflexiona Fernández. Lo que él defiende no es la caza indiscriminada, sino gestionarla con cabeza. «Ni matar por matar ni proteger a ciegas. Félix Rodríguez de la Fuente ya lo decía: donde el lobo da problemas, hay que intervenir».
En su opinión, se ha perdido demasiado tiempo en debates y se ha olvidado a quienes conviven con el lobo a diario. «Tan necesaria es la protección como la muerte, pero antes y ahora», concluye.
