Las numerosas reclamaciones presentadas por estudiantes y familias tras la última convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), junto con la polémica generada por algunas preguntas y criterios de corrección, han llevado a la Xunta de Galicia y a las tres universidades públicas gallegas a reformar el sistema de organización de los exámenes. El objetivo es reforzar las garantías del proceso y evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares.
El acuerdo, alcanzado este jueves entre la Consellería de Educación y las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, contempla una nueva estructura de coordinación que busca que las pruebas reflejen mejor la preparación del alumnado de Bachillerato y que la elaboración y corrección de los exámenes se realicen bajo criterios comunes y transparentes.
La principal novedad será la creación de una Comisión Organizadora, integrada por representantes de la Xunta y de las tres universidades públicas. Este órgano será el encargado de fijar las directrices generales de los exámenes, determinar el nivel de dificultad, establecer los criterios de evaluación y elaborar bancos de materiales que sirvan de apoyo para diseñar las pruebas. También incorporará mecanismos de supervisión entre docentes para detectar posibles errores antes de que los exámenes lleguen a manos del alumnado.
Junto a ella se pondrá en marcha una Comisión Técnica, que asumirá toda la organización operativa de la PAU: desde la elaboración y custodia de los exámenes hasta su distribución, la publicación de los modelos de prueba y la resolución de las reclamaciones que no estén relacionadas directamente con las calificaciones.
Otra de las modificaciones más relevantes afecta a la elaboración de los exámenes. Los grupos de trabajo contarán con una mayor presencia de profesorado de Bachillerato, al considerar que son los docentes que mejor conocen el currículo y la preparación real del alumnado.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó que el nuevo modelo pretende ofrecer «más seguridad», «más igualdad» y una mayor implicación del profesorado de Secundaria, además de delimitar con claridad las responsabilidades de todas las personas que intervienen en el proceso. Según señaló, la reforma nace para ofrecer más garantías al alumnado y a las familias y evitar futuras controversias.
Las tres universidades públicas respaldaron el acuerdo y coincidieron en que la nueva regulación permitirá adaptar el sistema a la normativa estatal, reforzar la coordinación institucional y mantener un modelo de acceso a la universidad con mayores garantías para estudiantes y docentes.
