El Concello de A Rúa aprobó este martes, en un pleno extraordinario con carácter ordinario tras la suspensión del previsto para el lunes 28 de abril por el apagón, el presupuesto municipal para 2025, que asciende a 3.772.676,75 euros, un aumento de más de 460.000 euros respecto al último aprobado en 2022. El documento salió adelante con cinco votos a favor y tres abstenciones, sin votos en contra.
Se trata del primer presupuesto aprobado tras tres años prorrogando el anterior, lo que, según la alcaldesa, María González Albert, representa «un paso importante para adecuar las cuentas a la realidad actual». El incremento de ingresos no proviene de nuevos impuestos, sino de la inclusión de subvenciones ya concedidas, como una nominativa de la Diputación de Ourense para renovar el parque infantil de Fontei y los fondos del Plan CooperOU, que suman unos 203.000 euros.
Entre los gastos más destacados figura un aumento en la partida de promoción y protección social, con una mejora del servicio de ayuda a domicilio, que ahora aparece correctamente computado tras su licitación. También se recogen cinco amortizaciones de plaza: ludotecaria, dos monitores deportivos de la escuela de fútbol —que pasará a depender del Club Deportivo Rúa—, un subalterno del centro médico y personal de cafetería de la Casa de Cultura.
Desde el PP, el portavoz Álvaro Fernández cargó contra la gestión del gobierno local, al considerar que «el presupuesto crece, pero los servicios no mejoran». Denunció el mal estado de calles y caminos, la falta de limpieza y el gasto en actividades festivas. «Con lo que costó el cátering de Ruagua se podía haber contratado una empresa para limpiar el pueblo», afirmó.
Desde el grupo RUA, integrante del equipo de gobierno, José Vicente Solarat confió en que el incremento de ingresos permita mejorar la gestión diaria, especialmente en servicios como la limpieza viaria, donde se espera contar este año con nuevas contrataciones gracias a subvenciones ya solicitadas. También defendió el esfuerzo presupuestario en políticas sociales y de igualdad.
La alcaldesa replicó que la falta de personal en limpieza viaria el año pasado se debió a la ausencia de ayudas y a la amortización de una operación de tesorería. Este año se han solicitado subvenciones y se espera poder contar con tres o cuatro personas contratadas para ese fin. González Albert insistió en que el Concello dedica el segundo mayor gasto al servicio de recogida de residuos —unos 400.000 euros anuales— y que no siempre se valora que estos servicios funcionen con regularidad. «No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia», dijo, subrayando también los problemas de civismo.
La regidora destacó el esfuerzo del gobierno local en materia de igualdad y bienestar social, valorando positivamente la colaboración con el Consorcio de Igualdade e Benestar y el uso de fondos del Pacto de Estado para acciones formativas. Defendió además que algunas de las plazas amortizadas ya estaban sin cubrir desde hace años, y que en mandatos anteriores también se eliminaron puestos clave como el de barrendero o varios de la brigada de obras.
Silicosis: moción pendiente tras el cambio de fecha
Uno de los puntos previstos era el debate de una moción sobre la silicosis promovida por la asociación de afectados Asilival. Sin embargo, la moción fue retirada temporalmente, ya que los representantes de la entidad no pudieron asistir al pleno debido al cambio de fecha provocado por un apagón. Se acordó recuperarla en una próxima sesión por su relevancia sanitaria.
El pleno aprobó también por unanimidad la renovación del convenio con el CIUGA para que A Rúa siga siendo sede de las pruebas de acceso a la universidad. No obstante, todos los grupos expresaron su malestar por el incremento del gasto, que alcanza casi 22.000 euros, frente a los 11.137,75 euros que se destinaban tradicionalmente.
La principal novedad es la introducción de 3.645 euros en «gastos de gestión», que suponen un 20 % del coste total. Según explicó la alcaldesa, estos gastos no se pueden justificar de forma individual y corresponden a labores de coordinación. «Paréceme honestamente mal por parte da CIUGA», afirmó. También se recordó que solo A Rúa, O Barco y Viveiro deben asumir este tipo de costes, mientras que en el resto de sedes gallegas los cubre la administración autonómica. Varios concejales coincidieron en la necesidad de seguir reclamando una revisión del modelo y de implicar más a los ayuntamientos cuyos alumnos acuden a A Rúa para realizar las pruebas.
En el turno de ruegos y preguntas, la oposición denunció que el gobierno local impide el ejercicio del control político al convocar plenos extraordinarios en lugar de ordinarios. Recordaron que en el mandato anterior 11 de los 24 plenos ordinarios no se celebraron, y que en otros tres no se convocó ningún tipo de sesión. También pidieron mayor transparencia en temas como los problemas estructurales de la biblioteca o la gestión del caso del colegio Manuel Respino, sobre el que el ejecutivo se limitó a decir que afecta a menores y que está siendo tratado con la discreción debida.
Por otro lado, se reclamó que el Concello informe adecuadamente sobre las invitaciones institucionales, como la de San Marcos en Almendralejo, y se denunció el estado del río y la acumulación de basura en zonas verdes. También se pidió información sobre un posible caso de contaminación en una vivienda, ante lo que la alcaldesa explicó que el Concello realizará análisis específicos y que, en principio, no hay indicios de un problema colectivo.
