El lobo ibérico vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, no por sus ataques al ganado ni por su rastro en los montes, sino por una decisión judicial que lo pone a salvo, al menos por ahora. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido de forma cautelar el régimen de gestión del lobo aprobado por la Xunta para la temporada 2024/2025. ¿La razón? Evitar un posible perjuicio irreversible para la especie mientras se estudia si el plan cumple con los requisitos legales.
La decisión del alto tribunal llega tras un recurso presentado por la organización ecologista WWF-ADENA, que solicitó la suspensión provisional del nuevo régimen. El TSXG ha estimado esa petición aplicando el principio de precaución ambiental: si existe un riesgo serio para una especie protegida, lo prudente es parar antes de que sea tarde. Aunque la sentencia definitiva aún tardará en llegar, los magistrados han optado por frenar las medidas antes de que puedan producir un daño irreparable.
Qué había aprobado la Xunta
A través de una resolución publicada en marzo, la Xunta había reactivado su antiguo Plan de Xestión do Lobo —vigente hasta 2021—, tras considerar que el estado de conservación de la especie en Galicia es favorable. El nuevo régimen abría la puerta a autorizar, de forma excepcional y justificada, controles sobre ejemplares en zonas donde se registraran ataques reiterados al ganado.
Aunque la caza del lobo seguía estando prohibida con carácter general, sí se contemplaban intervenciones puntuales, como esperas o batidas, siempre respaldadas por informes técnicos. De hecho, algunas ya se habían autorizado en provincias como A Coruña u Ourense, aunque no llegaron a ejecutarse con éxito.
La Xunta justificaba esta decisión en el fuerte aumento de los ataques a explotaciones ganaderas registrado en los últimos años. Según los datos aportados al Gobierno central, los avisos por daños subieron un 77 % desde 2021, y el número de reses afectadas creció un 57 %. Además, el último censo estima la existencia de 93 manadas de lobo en Galicia (frente a las 84 de 2014), con presencia en más del 90 % del territorio.
Qué dice el tribunal
El TSXG, sin entrar aún en si la Xunta actuó correctamente o no, ha considerado que la medida debía paralizarse para evitar un posible daño ecológico. En su auto, recuerda que los perjuicios a la ganadería —aunque graves— pueden ser compensados económicamente. Pero si se pone en riesgo la viabilidad de una especie protegida, no hay marcha atrás.
Los jueces critican que la resolución impugnada no aportase datos cualitativos ni cuantitativos suficientes sobre los daños al ganado. Y subrayan que, conforme a la jurisprudencia europea, no basta con garantizar un estado favorable de la especie en una zona concreta: debe asegurarse también en los territorios limítrofes.
Reacciones: la Xunta se opone
La Xunta ha mostrado ya, a través de una nota de prensa, su desacuerdo con la decisión judicial, que considera injustificada y perjudicial para el medio rural. Asegura que actuó con rigor, dentro del marco legal, y que el régimen aprobado no era una vuelta a la caza indiscriminada, sino un modelo de intervención puntual frente a situaciones muy concretas.
Desde la Consellería de Medio Ambiente se advierte que la suspensión deja sin herramientas efectivas a los ganaderos para hacer frente a ataques persistentes. Solo podrán acogerse a medidas preventivas o solicitar ayudas económicas tras el daño ya causado.
Uno de los argumentos más repetidos por la Xunta es que esta suspensión cautelar no ha ocurrido en otras comunidades con planes similares. Ni en Castilla y León ni en Cantabria los tribunales superiores han accedido a frenar sus respectivos modelos de gestión, pese a recursos casi idénticos.
Allí, las resoluciones se mantienen en vigor mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Para el Gobierno gallego, esto genera una clara desigualdad entre territorios que comparten la misma problemática.
¿Y ahora qué?
Por el momento, Galicia no podrá autorizar ningún tipo de control sobre el lobo. Las medidas ya aprobadas quedan suspendidas, y cualquier nueva solicitud se verá paralizada. La suspensión cautelar se mantendrá hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del recurso, lo que podría tardar meses.
Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿cómo equilibrar la protección del lobo con la defensa del medio rural? ¿Dónde empieza la biodiversidad y dónde termina la ganadería sostenible? El tribunal ha optado, por ahora, por la cautela.
