En O Bolo, las cifras ya no cuadran. El alcalde, Alberto Vázquez, explica que este año el servicio de ayuda a domicilio cuesta 202.000 euros. Pero la Xunta, que es la administración competente, afirma, solo aporta 122.000. El resto corre a cargo del propio ayuntamiento. Y como este, denuncia el PSdeG-PSOE de Ourense, están muchos otros en la provincia, asfixiados por competencias impropias, falta de recursos y una burocracia que no para de crecer.
Por eso, el Grupo Provincial Socialista de la Diputación eligió esta localidad para presentar su nueva iniciativa: una moción que llevarán al próximo pleno para exigir una reforma profunda del sistema de financiación local. «Los pequeños municipios están al límite. Se enfrentan a retos enormes con una financiación pensada para otro tiempo», advierte el diputado socialista por Valdeorras, Aurentino Alonso.
El diagnóstico es claro y preocupante, aseguran y lo hacen esgrimiendo un informe reciente del Consello de Contas alerta del «peligro de viabilidad» de 36 de los 92 ayuntamientos de la provincia. Falta personal, sobran tareas y la población envejece. Los municipios del rural siguen perdiendo habitantes y cada vez hay más personas mayores, lo que multiplica la demanda de servicios sociales. «Estamos asumiendo gastos que no nos corresponden: colegios, centros de salud, facturas de luz y calefacción…», denuncia el alcalde de O Bolo.
Mientras tanto, el Fondo de Cooperación Local de la Xunta sigue congelado desde 2009. «No se ha adaptado a la subida de precios ni a la realidad de nuestros ayuntamientos», recuerda Alonso. Por eso, la moción socialista insta también a la Xunta a actualizar ese fondo y al Estado a impulsar una reforma que garantice la supervivencia y el desarrollo de los municipios rurales.
Porque el rural, advierten, no puede vivir solo de discursos. Necesita recursos. Y los necesita ya.
