El Servizo Galego de Saúde y la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras han firmado el Acordo de Xestión 2026, un documento que fija las líneas estratégicas del sistema sanitario público para este año y que sitúa como prioridades la reducción de los tiempos de espera, el refuerzo de la coordinación asistencial y una mayor atención a la salud mental.
El acuerdo establece como objetivo el cumplimiento del 100 % de los plazos máximos recogidos en la Ley de garantías, tanto en intervenciones quirúrgicas como en consultas y pruebas diagnósticas. También recoge el impulso de modelos asistenciales integrados, el uso de la nueva historia clínica electrónica IANUS 5 y el desarrollo de programas de atención domiciliaria, con el fin de mejorar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.
En el ámbito de la salud mental, el documento prioriza la mejora del acceso mediante nuevas tecnologías, la implantación de vías rápidas de atención al riesgo suicida —tanto en adultos como en población infantojuvenil— y el refuerzo del seguimiento tras el alta hospitalaria. Además, se contempla un incremento de recursos humanos, con la incorporación de personal especializado y la llegada de psicólogos a Atención Primaria, aunque sin detallar su distribución territorial dentro del área sanitaria.
Esta falta de detalle en cuanto a los objetivos y actuaciones por hospitales o centros de salud deja en el aire cómo se abordarán las desigualdades internas del área. Una cuestión especialmente relevante en el caso de Valdeorras, si nos fijamos en los últimos datos oficiales publicados sobre listas de espera, correspondientes a los seis primeros meses de 2025.
Según esas cifras, el Hospital Público de Valdeorras es el centro que registra las mayores demoras de toda el área sanitaria, tanto en consultas con especialistas como en determinadas pruebas diagnósticas, con tiempos de espera muy por encima de la media. En algunos casos, las demoras superan ampliamente los seis meses, situando al hospital comarcal en una posición especialmente delicada dentro del sistema público gallego.
Las listas de espera y la falta de especialistas son algunas de las circunstancias que mayor malestar social provocan en la comarca, y que tuvo su expresión más visible el 22 de noviembre, cuando cerca de 5.000 personas se manifestaron en O Barco para reclamar una sanidad digna y mayores recursos para el hospital. Una protesta multitudinaria que evidenció que la preocupación por la atención sanitaria trasciende el ámbito político y afecta de forma directa a la ciudadanía.
A estas movilizaciones se suman las concentraciones semanales de la asociación de afectados por la silicosis, ASILIVAL, que cada jueves se reúne a las puertas del hospital para reclamar la dotación de un neumólogo en O Barco, una demanda reiterada que, por el momento, no cuenta con un compromiso concreto dentro del acuerdo recién firmado.
Con este escenario de fondo, el reto del Acordo de Xestión 2026 en Valdeorras no pasa solo por cumplir objetivos globales, sino por traducir esas líneas estratégicas en mejoras perceptibles allí donde los datos muestran una mayor presión asistencial. Un desafío que, a la vista de las cifras y de la movilización social de los últimos meses, requerirá un esfuerzo específico si se quiere cerrar la brecha entre los compromisos anunciados y la realidad del hospital comarcal.
