La aprobación del proyecto del tramo Villamartín de la Abadía–Requejo de la autovía A-76 ya no es solamente un anuncio en una nota de prensa del Ministerio de Transportes, sino que ha quedado formalizada en el Boletín Oficial del Estado. La resolución, fechada el 25 de marzo y publicada el 16 de abril, valida de manera definitiva el expediente de información pública y el proyecto de construcción, con un presupuesto que supera los 133 millones de euros.
El alcance de este paso conviene situarlo con precisión. La publicación en el BOE no inaugura la fase de ejecución, pero sí certifica que el proyecto ha superado el filtro administrativo necesario para avanzar. A partir de este punto, la actuación entra en una fase intermedia en la que se activan procedimientos imprescindibles: la tramitación de expropiaciones, la obtención de autorizaciones sectoriales y la resolución de condicionantes técnicos. Es, en términos estrictos, el umbral previo a la obra, no la obra en sí.
Esa distinción, aparentemente técnica, resulta esencial para interpretar tanto el anuncio institucional como las reacciones políticas que lo han acompañado. La cautela expresada por el Partido Popular y por distintos agentes del territorio no se dirigía tanto a cuestionar la existencia del trámite como a delimitar su alcance real. El diputado Celso Delgado incidía precisamente en ese punto: no se trata de la licitación de las obras, sino de un avance necesario, aunque todavía insuficiente para dar por consolidado el proyecto.
La prudencia no emerge en el vacío. Responde a una secuencia de compromisos que, en este mismo tramo, han ido desplazándose en el tiempo sin llegar a materializarse. En marzo de 2023 se situaba la licitación en ese mismo ejercicio; meses después, el horizonte se trasladaba a finales de 2024; ya en octubre de 2025, el calendario volvía a comprimirse hacia el cierre de ese año. Ninguna de esas previsiones se tradujo en un expediente de contratación. De ahí que la publicación en el BOE, aun siendo un avance verificable, no disipe por completo las reservas.
Hay, además, otro elemento que matiza la lectura del anuncio y que no siempre ha ocupado el primer plano. Tanto la comunicación del Ministerio como la resolución oficial circunscriben el avance al tramo Villamartín de la Abadía–Requejo, con una longitud de 6,24 kilómetros, concebido como parte de la futura conexión entre Ponferrada y Ourense. Sin embargo, el impulso administrativo se detiene ahí.
No estamos, por tanto, ante una activación global de la A-76, sino ante el desbloqueo de un segmento concreto, ubicado en la provincia de León. El resto del trazado, incluidos los tramos que afectan de manera directa a Valdeorras, no ha alcanzado en este momento ese mismo grado de definición administrativa. La autovía avanza, pero lo hace de forma muy lenta y poco concreta.
En ese equilibrio entre avance administrativo y expectativa contenida se sitúa la fotografía actual. El anuncio era cierto; la oficialidad del BOE lo confirma. Pero la secuencia no ha culminado. La licitación —el momento en que el proyecto se traduce en contratación efectiva y calendario de ejecución— permanece aún fuera del marco de lo publicado.
La A-76 se mueve, aunque no al ritmo que permitiría hablar de inminencia. Y es en ese margen, entre lo aprobado y lo ejecutado, donde sigue concentrándose la atención.
