Esperar meses para una consulta administrativa ya supone un problema. Tener que aguardar hasta tres años para acceder a una valoración de discapacidad puede convertirse en una barrera que condiciona la vida de una persona. Es la situación que denuncia la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), que ha alertado de demoras de hasta tres años para obtener una cita con los Equipos de Valoración y Orientación de la Discapacidad (EVO) en Galicia.
La preocupación fue trasladada durante la XXXVI Asamblea Anual de la entidad, celebrada en Santiago de Compostela y considerada el máximo órgano de decisión de la organización. En ella participaron miembros de la junta directiva y representantes de las entidades que integran el movimiento asociativo.
Durante el encuentro, las cuatro federaciones provinciales de COGAMI pusieron sobre la mesa las dificultades que están encontrando numerosas personas para acceder a la valoración o revisión de su grado de discapacidad. Según señalaron, a pesar del reciente anuncio de la Xunta de Galicia sobre el refuerzo de los equipos de valoración con más personal, continúan registrándose esperas muy prolongadas para realizar la entrevista necesaria para obtener o actualizar el certificado.
Desde la organización advierten de que estos retrasos tienen consecuencias directas en ámbitos esenciales de la vida cotidiana. La falta de una valoración o la demora en la revisión del grado de discapacidad puede limitar el acceso al empleo, a la educación, a recursos de accesibilidad, a determinados servicios sanitarios y a prestaciones destinadas a compensar situaciones de desigualdad. «El certificado de discapacidad es la puerta de entrada a derechos, recursos y prestaciones. Retrasar su concesión significa retrasar también la igualdad de oportunidades de las personas», afirmó el presidente de COGAMI, Anxo Queiruga.
Ante esta situación, la entidad solicitará una reunión con la Consellería de Política Social e Igualdad para conocer las medidas que se están adoptando y trasladar propuestas orientadas a agilizar los procedimientos de valoración y revisión de la discapacidad.
Diez años de retraso en el desarrollo de la Ley de Accesibilidad
La asamblea también sirvió para reivindicar la aprobación del decreto que debe desarrollar la Ley de Accesibilidad de Galicia, en vigor desde 2014.
COGAMI considera que este reglamento es una herramienta imprescindible para garantizar la aplicación efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Recuerda además que el desarrollo normativo debería haberse producido en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, por lo que acumula ya una década de retraso.
Según la organización, aunque la normativa establece los principios generales en materia de accesibilidad, sigue faltando el desarrollo técnico que concrete las condiciones que deben cumplir edificios, espacios públicos, medios de transporte y servicios. El reglamento y el futuro código de accesibilidad permitirían definir estos requisitos y facilitar su cumplimiento tanto por parte de las administraciones públicas como del sector privado.
Otro de los asuntos abordados durante la asamblea fue la escasez de transporte accesible, una situación que, según la entidad, continúa limitando la autonomía personal y la participación social de muchas personas con discapacidad, especialmente de quienes utilizan silla de ruedas.
COGAMI señala que la insuficiente cobertura del transporte público obliga en numerosos casos a recurrir al taxi para acudir a consultas médicas, realizar gestiones administrativas o llevar a cabo actividades cotidianas. Sin embargo, en muchos municipios ni siquiera existen vehículos adaptados.
«Estamos totalmente en desventaja las personas con movilidad reducida», aseguró Queiruga. El presidente de la organización defendió que las nuevas licencias de taxi que se concedan se destinen a eurotaxis y que la renovación de las flotas contribuya progresivamente a incrementar el número de vehículos adaptados.
Desde la entidad subrayan que la falta de alternativas accesibles condiciona de forma notable la movilidad y la igualdad de oportunidades de las personas con movilidad reducida, especialmente en el medio rural y en aquellas localidades con menor oferta de transporte público.
