El Concello de Vilamartín ha convocado a todos los vecinos y afectados por la situación de la carretera de San Vicente a una reunión «urgente» que se celebrará este miércoles, 20 de abril, a las 19.00 horas. El objetivo, acordar las nuevas actuaciones que se van a llevar a cabo «para hacer presión». Así lo confirma el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, que asegura que está esperando la llamada del diputado Pablo Pérez «porque las explicaciones que ha dado estos días no nos resultan convincentes».
La ladera que sostiene la carretera de San Vicente sufría un nuevo desprendimiento el pasado 13 de abril. La OU-0807, propiedad de la Diputación de Ourense, llevaba más de una semana agrietándose, por lo que los propios vecinos decían vallarla horas antes del derrumbamiento.
Una semana después, la calzada sigue cortada y el Concello sigue buscando soluciones. «A ver si entre vecinos y afectados decidimos qué medidas tomar para hacer presión y ver si sacan adelante el proyecto de una vez por todas».
Y es que, desde hace dos años se esperan el inicio de las expropiaciones, una medida que no llega y que, por tanto, no permite comenzar con un proyecto que la Diputación presupuesta en 13 millones de euros. Desde el organismo aseguraban la pasada semana que se están buscando fondos de la mano de otras administraciones. «Yo no entiendo el tema. No soy capaz de asimilar esto. El primer paso no es el dinero, sino la expropiación».
Tras esto, explica Álvarez Barreiro, se debería firmar un convenio que permita a la cantera que se encuentra en la zona rellenar la zona con el escombro. «Cuanto antes se empiece, mejor para todos. Después de 30 años no vamos a pedir que se haga en un año, pero sí que se comience. Es cuestión de voluntad política».
Una vez más el alcalde reitera que este proyecto no tiene el coste que la Diputación anuncia. «Con 2 millones se hace van más que sobrados. Siempre hay disculpas y la administración sale de rositas».
La situación de la OU- 807 está enquistada desde hace 28 años. La actividad extractora realizada en la zona provocó la inestabilidad de la carretera y los continuos derrumbes sobre el río Leira. Cabe recordar que en el año 2015 se retiró la licencia a la empresa extractora, decisión que se recurrió. La Diputación apostó por utilizar la pista a Robledo para el acceso a los vecinos. Una solución que hace aguas, sobre todo ante el paso de maquinaria pesada, como la necesaria para hacer obras en el interior del pueblo.
Un problema que ha ido en diferentes ocasiones al pleno de la diputación y cuya solución se ha reclamado a través de manifestaciones, encierros, cortes... pero que sigue sin solución. El proyecto planteado cuenta con un coste de 13 millones de euros.
