Sanidad e infraestructuras fueron, una vez más, los grandes temas del pleno del Concello de O Barco, el primero para María del Carmen Núñez Cabado, que tomó posesión como nueva concejala socialista tras la marcha de Alfredo García el pasado mes de octubre.
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Manuel Agra Villar, centró su intervención en la «lamentable situación» que atraviesa el Hospital Público de Valdeorras, con numerosas plazas de especialistas sin cubrir. Recordó que una de cada tres está vacante, lo que, aseguró, obliga a muchos pacientes a desplazarse a Ourense para recibir atención sanitaria.
Agra enumeró además la pérdida de servicios que arrastra el centro, como urología o pediatría, y la ausencia de neumología, pese a la alta incidencia de la silicosis en la comarca. «De ocho plazas de medicina interna, cuatro están vacantes, y solo contamos con una oftalmóloga», apuntó.
En la moción presentada, el BNG pedía al pleno instar a la Consellería de Sanidade a cubrir de forma urgente todas las plazas de especialistas del distrito sanitario de O Barco de Valdeorras. Solicitaba también apoyar las reivindicaciones y movilizaciones de la Plataforma Sanitaria de Valdeorras, que ha convocado una manifestación el 22 de noviembre, y trasladar los acuerdos a los concellos que forman parte del distrito sanitario.
Por parte del Partido Popular, Maite Estévez negó la información aportada por los nacionalistas —ante la sorpresa del resto de la corporación— y defendió que la falta de médicos es un problema generalizado en toda España. A su juicio, la prioridad debería ser que la villa «logre cautivar a los profesionales para que quieran quedarse aquí». Además, mostró su rechazo a que concejales formen parte de la Plataforma Sanitaria, al considerar que esto «resta credibilidad» al movimiento.
El socialista Orlando Saavedra intervino a continuación para aportar datos sobre la pérdida de servicios en el hospital y respaldar la manifestación convocada por la ciudadanía. Finalmente, la moción fue aprobada con los votos del BNG, el PSOE y del concejal popular Manuel Núñez Fernández, quien justificó su apoyo señalando que «la Xunta no trata al hospital como se merece».
La segunda moción del BNG, defendida por Noa Fernández, estuvo centrada en la violencia de género. En ella, la formación instaba a la Xunta de Galicia a incrementar los recursos públicos destinados a la prevención y atención a las víctimas, reforzar la red de Centros de Información á Muller (CIM) y recuperar la gestión pública de los centros de crisis 24 horas, actualmente privatizados.
La popular Dosinda Arias anunció el voto favorable de su grupo «porque rechazamos cualquier tipo de violencia», mientras que Saavedra recordó las cifras de mujeres asesinadas en los últimos años en España, así como el número de víctimas y los dos casos ocurridos en Valdeorras en el último año. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
El Partido Popular llevó al pleno otra moción sobre la N-120, reclamando al Concello que inste al ministro de Transportes, Óscar Puente, a mejorar la seguridad de la vía, reponer la señalización deteriorada y construir carriles de adelantamiento.
La portavoz socialista, Margarida Pizcueta –que se estrenaba en este papel– mostró el apoyo de su grupo a la iniciativa, pese a que implicaba una crítica al Gobierno central. Explicó que el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, confirmó esta semana que ya se están ejecutando obras en la zona que afecta a Lugo y que el estudio geotécnico del tercer carril está finalizado, pendiente de aprobación y licitación, según habían informado desde el Ministerio.
Aunque, añadió que, sin presupuestos estatales, será imposible avanzar, y apeló a la responsabilidad conjunta de todos los grupos para que las cuentas salgan adelante. La moción fue aprobada por unanimidad.
El pleno sirvió además para que el alcalde, Aurentino Alonso, anunciase una ayuda de 120.000 euros concedida por la Xunta para paliar los daños provocados por los incendios del pasado verano, en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente Alfonso Rueda tras la reunión mantenida con los alcaldes afectados en Santiago en el mes de septiembre.
