Las educadoras sociales de los centros de protección y reforma de menores en Valdeorras salieron hoy a la calle para denunciar lo que califican como una «situación laboral injusta». Reclaman a la Xunta que se acoja al nuevo convenio estatal del sector, ya que el texto aprobado a nivel nacional deja fuera a quienes actualmente trabajan en estos recursos y solo aplicará las mejoras a las nuevas empresas que obtengan contratos a partir de 2026.
Según explica Jeni Lorden, enlace sindical de la Central Unitaria de Traballadores (CUT) y trabajadora de uno de los dos centros de Valdeorras (un Centro de Día y la Casa Familia), «este artículo del convenio supone que las mejoras solo se aplicarán a los nuevos concursos, y cada autonomía decidirá si se aplican a los trabajadores de los convenios anteriores. Si la Xunta no toma una decisión política, nuestras condiciones seguirán siendo las mismas durante años». Añade que los contratos actuales pueden prorrogarse entre cuatro y diez años, lo que en la práctica supondría mantener los salarios congelados hasta finales de la década.
En Galicia trabajan alrededor de 1.500 educadoras y educadores sociales en el ámbito de la protección y reforma de menores, atendiendo a unos 700 niños y adolescentes en situación de desamparo o riesgo social. Estos menores acuden a centros de día tutelados, recursos intermedios que actúan cuando se detectan indicios de desprotección —como absentismo escolar, falta de higiene o carencias básicas— pero no se considera necesario separarlos de sus familias. En esos casos, la Xunta abre un expediente de protección y los menores acuden al centro durante la jornada, donde reciben atención educativa, emocional y social.
En la comarca, los centros de O Barco presta servicio a los niños de todo Valdeorras. En el centro de Día trabajan seis personas para atender a doce menores —aunque las plazas asignadas son diez— de entre 3 y 17 años, que permanecen una media de uno o dos años en el recurso. En estos momentos, hay lista de espera.
El trabajo de las educadoras sociales en estos centros va mucho más allá del cuidado. Acompañan a los niños y adolescentes en su desarrollo diario, promueven hábitos saludables y trabajan también con las familias para revertir las circunstancias que originaron la intervención. «Nosotras no solo cuidamos; ayudamos a crear vínculos, a generar confianza, a reconstruir rutinas. Pero todo eso se hace desde la precariedad», explican Celia Fernández y Jenny Orden.
La situación de las educadoras sociales se enmarca en un contexto de precariedad generalizada en el sector de los servicios sociales gallegos. Según los sindicatos, más de 15.000 trabajadoras vinculadas a la Consellería de Política Social —en ámbitos como residencias, ayuda a domicilio o centros de menores— dependen de convenios caducados o desfasados, muchos de ellos sin actualizar desde hace años. Aunque gran parte de estos servicios están externalizados, los sindicatos señalan a la Xunta como responsable política última de las condiciones laborales, al ser quien adjudica los contratos y fija los presupuestos.
Por eso, el colectivo convocó una jornada de huelga para elste jueves 6 de noviembre y una manifestación en Santiago.
Actualmente perciben salarios en torno a los 1.200 euros mensuales, una cifra que consideran insuficiente para la responsabilidad y la exigencia emocional que conlleva su labor. Esta situación provoca una gran rotación. «Es imposible mantener una atención estable si las profesionales cambian constantemente. Y eso afecta directamente a los menores», lamentan.
Las educadoras sociales piden que la Xunta siga el ejemplo de otras comunidades como Valencia, País Vasco o Navarra, que cuentan con convenios autonómicos adaptados a su realidad. «Donde hay mejores condiciones, los equipos son más estables y la atención funciona mejor», subrayan.
De momento, el colectivo asegura que no ha sido recibido por la administración autonómica, pese a haber solicitado reuniones desde hace meses. Reclaman una respuesta antes de que termine el año, ya que el nuevo convenio entrará en vigor en 2026.
«Llevamos 34 años con la profesión regulada y seguimos luchando por un reconocimiento básico. Lo que pedimos no es un privilegio, es justicia. Nuestra labor es esencial y no puede seguir invisibilizada», concluyen las dos trabajadoras.
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