La mejora de la eficiencia energética de la guardería Galiña Azul de Valdegodos, en Vilamartín de Valdeorras, tendrá que esperar. El contrato, licitado por un importe de 62.460,96 euros, ha quedado finalmente desierto al no presentarse ninguna empresa al procedimiento de contratación. La actuación tenía como objetivo modernizar las instalaciones del centro infantil y mejorar su comportamiento energético mediante una intervención sobre distintos elementos del edificio. Entre los trabajos previstos figuraban la renovación del falso techo existente, la sustitución de la carpintería exterior, la colocación de revestimientos vinílicos en suelos y paredes hasta un metro de altura, así como la renovación del sistema de calefacción y la mejora del circuito de agua caliente sanitaria.
El plazo de ejecución previsto era de cuatro meses. Sin embargo, la ausencia total de ofertas impidió adjudicar una actuación considerada estratégica para mejorar el confort térmico y la eficiencia del edificio.
Una obra financiada con fondos europeos
La actuación estaba vinculada a financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Galicia FEDER 2021-2027, una línea destinada a impulsar proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y modernización de infraestructuras públicas. Este tipo de ayudas buscan reducir consumos energéticos, mejorar el rendimiento de los edificios y adaptar equipamientos municipales a criterios de sostenibilidad. En el caso de la guardería de Valdegodos, la inversión permitía actuar sobre elementos constructivos y sistemas energéticos para reducir costes de funcionamiento y mejorar las condiciones de uso del centro.
Un problema cada vez más frecuente
La falta de ofertas no es un caso aislado. En los últimos años se han multiplicado en Galicia los contratos públicos que quedan desiertos, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales. Detrás de esta situación confluyen varios factores como son el incremento de los costes de materiales registrado desde la pandemia, la subida de los costes laborales, la escasez de profesionales especializados y la elevada carga administrativa de los procedimientos públicos han reducido el interés de muchas empresas por concurrir a determinados contratos.
Además, las pequeñas obras municipales suelen presentar márgenes económicos limitados y plazos ajustados, circunstancias que hacen que muchas constructoras prioricen actuaciones privadas o proyectos de mayor dimensión.
Los ayuntamientos rurales son los que más están notando esta situación. Obras destinadas a mejorar edificios públicos, redes de abastecimiento, eficiencia energética o infraestructuras básicas encuentran cada vez más problemas para captar licitadores. La dispersión geográfica, los desplazamientos, la falta de empresas locales especializadas y el reducido tamaño económico de muchos contratos juegan en contra de municipios como Vilamartín de Valdeorras y otros concellos del interior ourensano.
En diferentes puntos de Valdeorras y de la provincia de Ourense ya se han registrado procedimientos similares que tuvieron que volver a licitarse tras quedar inicialmente desiertos, obligando a revisar presupuestos o modificar condiciones para atraer empresas interesadas.
El riesgo de los plazos administrativos
Cuando una licitación queda desierta, los problemas no terminan ahí. Muchos de estos proyectos están asociados a subvenciones o programas europeos con calendarios de ejecución concretos. Esto obliga a reiniciar trámites administrativos, volver a sacar la obra a contratación o modificar condiciones técnicas, lo que puede retrasar las actuaciones varios meses e incluso poner en riesgo la correcta justificación de los fondos recibidos.
En el caso de la guardería de Valdegodos, la actuación pretendía modernizar unas instalaciones que prestan servicio a familias del municipio y mejorar su eficiencia energética a largo plazo. Ahora el Concello deberá estudiar cómo reactivar el procedimiento para intentar ejecutar una obra que dispone de financiación, proyecto técnico y necesidad acreditada, pero que no encontró ninguna empresa dispuesta a asumirla en las condiciones inicialmente planteadas. La situación refleja una realidad cada vez más habitual en muchos municipios rurales gallegos: existen fondos europeos, proyectos preparados y necesidades urgentes, pero cada vez resulta más complicado encontrar empresas que quieran ejecutar obras de pequeño tamaño fuera de los grandes núcleos urbanos.
