En las últimas horas el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia anunciaba la desestimación de los recursos y apelaciones presentados Strategic Minerales y la Xunta de Galicia. Una decisión ante la que la empresa ha mostrado su absoluta disconformidad.
Jaime Branger, CEO de Strategic Minerals, ha destacado no que no solo rechazan la resolución en la forma, sino también en el fondo. Argumenta que han cumplido con todas las condiciones requeridas por la ley vigente y que no se ha demostrado ningún potencial daño ambiental. Además, señalan que el Tribunal ha incluido «información falsa» en su auto, como la relación del representante con ciertas entidades, sin fundamentos sólidos.
Destaca que el punto sexto de la resolución, donde se menciona una supuesta relación con Pacific Rubiale, afirmaciones que el representante de la empresa niega rotundamente, calificándolas como falsas e irrelevantes para el caso.
Con respecto al argumento relativo a la red Natura 2000 y la tramitación formal medioambiental, Branger afirma que se ha realizado «un exhaustivo estudio de impacto ambiental, evaluado por varios entes, y que se ha obtenido la licencia ambiental después de la confluencia de opiniones de expertos en diversas áreas».
Ante esta situación, la empresa ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Según el representante, están evaluando todos los posibles escenarios y alternativas legales para impugnar la decisión, contando con el apoyo de los letrados de la Junta de Galicia, quienes comparten una opinión similar sobre la sentencia.
En cuanto a la situación de los trabajadores, la empresa ha confirmado que se encuentran en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde octubre. A pesar de los costos significativos para la empresa, afirman que están velando por el bienestar de los empleados y explorando alternativas para mantener el proyecto vivo.
La incertidumbre rodea ahora el futuro de la mina de Penauta, mientras la empresa y sus asesores legales buscan vías legales para revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
