El Clúster de la Pizarra ha recibido este lunes, 30 de octubre, la visita del Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha mostrado su apoyo al sector de la losa, así como a las diferentes problemáticas que actualmente giran en torno a este.
En concreto, ha puesto el foco sobre el actual conflicto que existe entre el grupo Irosa-Samaca y la Comunidad de Montes Portela-Trigal, una dispuesta que, de no haber cambios, finalizará con el desahucio de la empresa el próximo 29 de noviembre.
El presidente ha recordado que hace meses la propia Xunta de Galicia intervino con la expropiación de los terrenos en favor de los pizarreros. «A mí me gustaría que hubiera un acuerdo, pero eso depende de dos partes. Tenemos que respetar los puestos de trabajo. Es algo muy serio. La intención de la Xunta, dentro del margen jurídico, creo que es clara».
Sobre este tema también se ha pronunciado el director del grupo Irosa-Samaca, Rogelio López, que ha explicado que la empresa realizó una oferta «que no ha obtenido respuesta». Con respecto a la cercanía de la fecha de desahucio asegura que «debería» llegar la solución previamente».
Conflicto de la Mina de Penota
En estos momentos la vecina comarca de Viana do Bolo se enfrenta a una situación similar a la del sector de la pizarra. La Mina de Penouta se encuentra paralizada por parte de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quien suspendió el proyecto de explotación de la mina.
Esta decisión judicial de paralización cautelar viene a responder a una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción que alegaba graves impactos sobre el espacio protegido de Peña Trevinca. Ahora el TSXG da la razón a los ecologistas y suspende así la resolución de la Xunta que hace un año autorizó la explotación de la sección C del yacimiento minero de tantalio y niobio.
El presidente de la Xunta considera que esta decisión «pone en duda los informes de técnicos de la Xunta que se adoptan tras exámenes muy concienzudos. Cuando se da la autorización, es porque consideramos que se pueden llevar adelante. Las consecuencias son muy graves». Y es que esta paralización afecta de forma directa a más de 120 familias.
Rueda asegura que la Xunta «va a recurrir la paralización cautelar» porque «se cumplen todos los valores ambientales. Nuestros pronunciamientos eran correctos y los vamos a defenrder»
