El gerente culpa directamente al alcalde de la villa de no haber tenido tiempo suficiente para adoptar las medidas impuestas por el Concello
El pasado lunes día 3 de junio, el Concello de A Rúa enviaba la última resolución a un establecimiento de la villa, situado en la travesía principal, en la que se le solicitaba el cierre voluntario del local para acometer la insonorización reclamada desde hace varios meses por los vecinos. Hoy viernes día 7, a las 9:00 horas, el Concello procedía al cierre subsidiario tras comprobar que dicho gerente no cumplía con lo establecido por ley.
Por su parte, el responsable del local, que acusó directamente al alcalde de la localidad, Luis Fernández Gudiña, de ser el causante del cierre de su negocio, explicó que el pasado día 7 de mayo «déronme tres meses, e a data de hoxe estanme precintando o local». Argumentó también que cuando alquiló el establecimiento, «non sabía que non cumplía coas condicións acústicas».
El Concello insiste en que «los problemas surgieron hace entre 6 y 7 meses, cuando los vecinos del edificio en cuyo bajo está situado el bar, presentaron un escrito denunciando la situación, con informe de una empresa especializada en medición de ruidos incluido. También dice el regidor de A Rúa, que el Concello «solicitou o seu propio informe a outra empresa que reafirmou a información do primeiro», por lo que los técnicos establecieron medidas cautelares a principios del mes de mayo. «Dende o 7 de maio o establecimiento tiña tres meses para insonorizar o bar e debía cerralo ás 00:00 horas para non molestar aos veciños».
Transcurrido un mes desde la imposición de la medida, «chegan ao Concello doce denuncias da Gardia Civil que amosan que se está incumplindo esa resolución, que non toma medidas de acondicionamento nin pecha á hora esixida». El final de la historia termina con el aviso de cierre voluntario que tampoco cumplen, por lo que hoy viernes, ha tenido que ser el Concello el encargado de hacerlo subsidiariamente.
Desde el Concello de A Rúa insisten, «sempre houbo intención de chegar a un entendemento por todas as partes, aínda que nunca vimos vontade real do xerente do bar de querer solventar as cousas».
El gerente del establecimiento se defiende, recurso de reposición en mano, aludiendo a que en su contrato de alquiler se prohíbe expresamente realizar obras y reformas en el establecimiento sin consentimiento por escrito de la propiedad. Pide ahora cinco meses para adoptar las medidas impuestas en el informe de los servicios técnicos municipales, en caso de ser autorizadas las obras por el dueño del local.
