El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció la aprobación de la nueva Estrategia de impulso de la vivienda protegida en Galicia, un conjunto de medidas orientadas a facilitar la construcción de más inmuebles de este tipo y ampliar el acceso a la ciudadanía.
La hoja de ruta busca incentivar tanto las viviendas de promoción pública construidas por la Xunta como aquellas impulsadas por promotores y cooperativas que se califiquen como protegidas, y que, por tanto, estén sujetas a precios máximos de venta y alquiler. Entre las principales novedades, Rueda destacó la ampliación de los umbrales de renta para «que más gente tenga derecho a optar a una vivienda con protección».
En este sentido, el límite de ingresos para acceder a una vivienda pública se incrementa de forma significativa. Por ejemplo, una unidad familiar de tres miembros pasa de un máximo de 2.250 euros mensuales a 3.530 euros, mientras que en el caso de las familias numerosas el tope sube de 2.570 a 4.154 euros.
También se elevan los umbrales en el caso de la vivienda de promoción autonómica, es decir, la construida por promotores y cooperativas. Así, una pareja con un hijo que opte a una vivienda en régimen especial podrá acceder con ingresos de hasta 3.971 euros, frente a los 2.625 anteriores. En régimen general, el límite pasa de 3.750 a 4.850 euros.
Además, la estrategia incorpora reservas mínimas por tramos de edad para garantizar un reparto más equilibrado. En las viviendas en propiedad, se mantiene la reserva del 25% para menores de 36 años y se añade un 30% para personas de entre 36 y 45 años con hijos a cargo. En el caso del alquiler, al menos el 40% de las viviendas se destinarán a jóvenes menores de 36 años.
Más incentivos para construir vivienda protegida
El plan también busca reactivar la promoción de vivienda protegida, actualmente limitada por factores como el aumento de los costes de los materiales, la escasez de mano de obra y unos precios máximos que no cubren los costes reales de ejecución, según explicó la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue.
Para hacer frente a esta situación, la Xunta incrementará los precios máximos de venta de estas viviendas, con subidas adaptadas a cada zona y régimen, especialmente en las ciudades y en los ámbitos vinculados a los Proyectos de Interés Autonómico.
A este ajuste se suma un nuevo paquete de ayudas directas a la construcción, que se convocará próximamente y que podrá alcanzar los 42.500 euros por vivienda en el caso de promociones de régimen especial en determinados ámbitos.
En paralelo, el Ejecutivo gallego plantea medidas para reducir la carga impositiva, entre ellas la bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados en este tipo de viviendas.
Objetivo: más vivienda y mayor acceso
La estrategia se enmarca en los objetivos del Gobierno gallego de duplicar el parque público residencial y habilitar suelo para construir hasta 20.000 viviendas protegidas mediante colaboración público-privada.
Según recordó la conselleira, la Xunta tiene ya en marcha 4.000 viviendas públicas y ha aprobado inicialmente los proyectos de interés autonómico en las principales ciudades gallegas.
El paquete de medidas se completa con iniciativas ya activas para facilitar la compra, como los avales públicos que cubren hasta el 20% del préstamo hipotecario, así como ayudas directas de 20.000 euros para menores de 36 años y de 16.000 euros para mayores.
La Xunta subraya que el éxito de esta estrategia pasa por la implicación del sector privado, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la rentabilidad de las promociones y el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía.
