La carretera N-120 vuelve al centro del debate político. Los diputados del Partido Popular por Ourense y Lugo han registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para reclamar una actuación «integral e inmediata» ante lo que califican como un «estado de abandono que pone en riesgo la seguridad vial de los usuarios».
La iniciativa, firmada por Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, junto con los diputados lucenses Francisco Conde, Jaime de Olano y Cristina Abades, insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a activar un plan de rehabilitación del firme y un programa de conservación estructural que vaya más allá de los «parches» actuales.
La N-120, con origen en Logroño y que atraviesa La Rioja, Castilla y León y Galicia, entra en la comunidad por Cobas (Rubiá) y cruza las comarcas de Valdeorras, Quiroga y Lemos antes de llegar a la ciudad de Ourense. En el tramo comprendido entre Ourense y el límite con la provincia de León carece de alternativa de alta capacidad, ya que la autovía A-76 continúa sin avances en la licitación de sus tramos pese a los años de tramitación administrativa.
Según recogen los diputados en su iniciativa, la situación ha empeorado «de manera sustancial» en los dos primeros meses de 2026 debido a las borrascas, que han agravado el deterioro del asfalto. Recuerdan además que en enero de 2023 un medio de comunicación contabilizó 910 baches en los 110 kilómetros entre Ourense y O Barco de Valdeorras, de los cuales 215 eran significativos.
En las últimas semanas, distintos medios han vuelto a reflejar el mal estado de la vía. Las crónicas hablan de «averías a diario», de reventones de ruedas y de conductores obligados a pasar por el taller tras caer en socavones profundos y, en muchos casos, sin señalizar. También describen la circulación como una «montaña rusa» de saltos y vibraciones, especialmente en tramos como el comprendido entre Quiroga y Abrence.
La iniciativa parlamentaria sostiene que las actuaciones ejecutadas en años anteriores «no tuvieron la suficiente envergadura» y resultaron «notoriamente insuficientes».
Ante este escenario, el Grupo Popular pregunta al Gobierno si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pondrá en marcha «de modo inmediato» un plan integral de rehabilitación del firme, conservación y mantenimiento con habilitación de partidas presupuestarias plurianuales, así como un programa de gestión preventiva de muros, taludes y obras de paso.
Asimismo, solicita que el Ministerio asuma la responsabilidad patrimonial para hacerse cargo de los gastos de reparación de los vehículos dañados por el «pésimo estado» de la calzada.
«Los lucenses y ourensanos no pueden seguir jugando la vida y el bolsillo cada vez que cogen el coche para ir a trabajar o acudir al médico. Es hora de que el Ministerio asuma su responsabilidad», concluyen los diputados en la nota remitida a los medios
