El futuro de la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago entra en el debate abierto sobre la adaptación de la red española al ancho estándar europeo. Los diputados gallegos del PP han llevado la cuestión al Congreso para reclamar al Ministerio de Transportes el informe remitido a la Unión Europea sobre esta posibilidad y pedir que Galicia sea analizada de forma específica, en lugar de aplicar una decisión general al conjunto de la red convencional.
La iniciativa plantea expresamente estudiar la conversión al ancho europeo —1.435 milímetros— del tramo Santiago-Ourense, que ya dispone de traviesas polivalentes, como posible primer paso para extender posteriormente este sistema al Eje Atlántico. Según los cálculos recogidos por los populares, completar el ancho estándar en la red gallega de alta velocidad requeriría actuar sobre unos 250 kilómetros para enlazar Ourense con el resto de ciudades del corredor.
El debate parte de un informe que el Ministerio de Transportes remitió a la Unión Europea para evaluar la posible migración de la red ferroviaria española al ancho estándar. El contenido completo de ese documento no acompaña a las iniciativas presentadas por el PP. Lo que sostienen los diputados populares, a partir de la información conocida sobre el estudio, es que Transportes habría descartado una transformación general de las vías convencionales por su elevado coste y las dificultades que supondría acometerla.
En concreto, la iniciativa registrada en el Congreso señala que el Ministerio calcula que cambiar unos 13.000 kilómetros de vías convencionales exigiría entre 20.000 y 30.000 millones de euros, prolongaría las obras durante aproximadamente tres décadas y tendría una rentabilidad económica prácticamente nula.
Frente a este planteamiento global, los populares defienden estudiar cada territorio y cada línea por separado. El diputado ourensano Celso Delgado considera un «absoluto desacierto técnico y político» resolver una cuestión de esta envergadura con una premisa de «todo o nada» y sostiene que debe analizarse «línea por línea, comunidad por comunidad».
El PP vincula además el cambio de ancho con las posibilidades de mejorar la competitividad ferroviaria de Galicia. En su iniciativa sostiene que mantener el ancho ibérico implica continuar utilizando trenes de ancho variable y conservar el intercambiador de Taboadela, al que atribuye limitaciones para la entrada de operadores y la ampliación de servicios.
La reclamación ha llegado al Congreso por varias vías. Celso Delgado, Esther Llamazares y María Lourdes Ramírez registraron el 28 de julio una solicitud para obtener el informe completo remitido por Transportes a la Unión Europea. Un día después se registró también una petición de comparecencia del secretario de Estado de Transportes para explicar su contenido.
Los diputados gallegos preguntan además al Gobierno si está dispuesto a constituir con la Xunta una mesa técnica específica para analizar la posible migración de la red gallega y reclaman el Plan Director completo del Corredor Atlántico, acompañado de un calendario vinculante de inversiones.
La batería de preguntas termina precisamente en Ourense: el PP quiere saber si el informe remitido a Bruselas estudia qué efectos tendría transformar el tramo Santiago-Ourense al ancho europeo como paso previo a una eventual extensión hacia el resto del Eje Atlántico.
