La posible reapertura de la mina de Penouta, en el municipio de Viana do Bolo, volvió al centro del debate parlamentario. La diputada del PSdeG-PSOE, Patricia Iglesias, reclamó en comisión que cualquier nueva explotación cumpla «rigurosamente» los requisitos de solvencia económica, técnica y social.
Iglesias defendió una iniciativa a través de la cual el Grupo Socialista insta al Gobierno de Alfonso Rueda a aprobar «por fin» un plan sectorial minero de Galicia que «permita ordenar o territorio, avaliar os impactos ambientais con carácter previo e evitar conflitos posteriores».
La parlamentaria socialista aseguró que las informaciones existentes apuntan a «unha nova etapa», con una empresa –Energy Transition Minerals (ETM)– que apuesta por la reapertura progresiva, el cumplimiento de la legalidad y la recuperación de buena parte del empleo perdido. «Iso é esperanza e futuro», afirmó, aunque subrayó que solo será posible si se hacen las cosas con planificación y garantías.
Además, reclamó la aprobación de un plan específico de fomento de la industria y del empleo para la comarca de Viana do Bolo. Según explicó, con la autorización actualmente en trámite debe activarse también un plan de reversión de la contaminación derivada de la antigua explotación. «Penouta pode ser unha oportunidade se se fan as cousas ben», sostuvo.
Iglesias recordó que cualquier proyecto industrial, minero o energético que se implante en Galicia «ten que cumprir tres condicións básicas: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade social». En caso contrario, advirtió, «o proxecto cae».
En este sentido, se mostró «radicalmente en contra dun modelo improvisado, sen planificación e sen control público suficiente», que acaba generando «conflitos sociais, danos ambientais e problemas xudiciais», una situación que, según afirmó, Galicia conoce bien.
Dieciséis años sin planificación
La diputada socialista situó el problema de fondo en lo que calificó como un «feito incontestable»: que Galicia lleva 16 años sin un plan sectorial de minas, pese a que es obligatorio desde 2008 tras la Ley de ordenación de la minería impulsada por el Gobierno de Touriño.
Durante este tiempo, denunció, el PP ha gobernado «sen unha zonificación clara do territorio, delimitación de zonas incompatibles coa minería, avaliación ambiental estratéxica previa nin criterios comúns para dar seguridade xurídica».
Iglesias repasó «exemplos ben coñecidos», como los problemas de vertidos e incumplimientos reiterados en la mina de San Finx, la prórroga de la concesión en A Gudiña sin evaluación de impacto ambiental, la cantera de Guitiriz investigada por operar durante años fuera de los límites autorizados o el caso «especialmente grave» de la mina de Touro. Todos ellos, señaló, con derivadas judiciales y, en algunos casos, con procedimientos penales abiertos. «Son casos distintos, pero cun patrón común: a falta de planificación, o control insuficiente e a reacción tardía da Administración», explicó.
La parlamentaria advirtió de que el caso de Penouta es «un exemplo do que non se pode volver facer». La falta de garantías en las autorizaciones y los problemas ambientales tuvieron, recordó, un impacto social «durísimo», con más de un centenar de personas que quedaron sin empleo en una comarca ya castigada por el paro.
«As persoas traballadoras non poden pagar a mala planificación e o mal control administrativo», subrayó, al tiempo que defendió una minería «compatible co territorio, respectuosa coa saúde das persoas, con garantías ambientais reais e que dea seguridade xurídica ás empresas e estabilidade ao emprego».
