La ordenanza municipal reguladora del servicio de depósito y recogida de residuos urbanos salía adelante ayer durante el pleno ordinario del mes de mayo en el concello de O Barco, sin la aprobación de los grupos de la oposición, Partido Popular y Riada Cidadá. El representante de este último grupo, Félix Yáñez, explicó que su grupo «considera que a ordenanza peca de ultraintervencionista e ultradetallista» por lo que cualquier intervención, según explica, sería añadir más prohibiciones a la norma.
Así pues, consideran excesivo el artículo 54 que recoge sanciones leves de entre 100 y 500 euros. Por el contrario, abogan por «unha proporcionalidade nas penas» y por la puesta en marcha de «campañas educativas de civismo e traballo comunitarios e non por medidas represivas que fomentan unha sociedade de intolerantes". Como tope, concluye, su grupo incluiría sanciones de hasta 20 euros como máximo.
Por su parte, el portavoz del PP de O Barco, Carlos Crespo, explicó que «hubiera sido mejor dejar abiertas algunas cuestiones en los horarios de recogida, porque hemos recibido quejas de locales de hostelería de la villa que no pueden sacar los desperdicios en todo el fin desemana, lo cual puede acarrearles hasta sanciones sanitarias», explicó.
Alfredo García, alcalde de O Barco, respondía que «a esta ordenanza se le ha dado un plazo para hacer propuestas para poder ser estudiadas, no pudiendo hacerlo en el momento del debate plenario». Explicaba además que las sanciones se han propuesto porque «no podemos transmitir el mensaje de que la gente tire lo que quiera al suelo ya que después vendrá el equipo de limpieza del Concello a recogerlo». Finalmente, la ordenanza quedaba aprobada con los votos del grupo de gobierno y las abstenciones del resto de grupos políticos.
Compromiso de amparo y protección a las víctimas
El portavoz de Riada Cidadá, Félix Yáñez, hacía lectura de una moción que reclama protección para las víctimas de violación, motivada por los hechos acontecidos tras la decisión judicial que condenaba a «cinco energúmenos e descerebrados» según sus palabras, a tan sólo 9 años de cárcel bajo la pena de abuso sexual. La moción era aprobada por unanimidad por todos los grupos del concello.
Insistía Yáñez en «poñer solucións á violencia en contra das mulleres que segue a estar presente», pidiendo a gobierno y poder legislativo «que comece o proceso de protexer ás vítimas modificando as normas que sexan necesarias para tal fin». También exigió Yáñez que se tenga en cuenta en el código penal la perspectiva de género, y se modifique no para elevar las penas sino para «recoñecer a liberdade sexual das mulleres». Finalmente, el concello de O Barco se sometía al compromiso de dar protección y amparar a las víctimas.
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