«Sorprendeume ver que A Rúa podía ser unha zona tensionada pero ao ver as condicións, a verdade é que as cumpre». Así ha sido la reacción de la alcaldesa de A Rúa, María G. Albert respecto a que el concello valdeorrés podría ser declarado zona tensionada según el nuevo índice de precios elaborado por el Ministerio de Vivienda.
Los criterios para la citada declaración se basan tanto en que el precio del alquiler y el gasto de los suministros básicos supere el 30% de la renta media como en que la evolución del precio en los últimos cinco años se encareciera de manera superior al índice de precios de consumo (IPC) en tres puntos porcentuales.
La razón en A Rúa, tal y como ha indicado la primera edil, no es otra que la falta de vivienda para alquiler en el municipio. «Hai moitísima vivenda baleira que non sae ao mercado de aluguer por diferentes motivos. A xente prefire vender, en venta atopas moitísimo: vivendas unifamiliares, pisos...o que queiras. Pero hai moita demanda de alugueiro», explica Albert quien asegura que en cuanto un inmueble sale al mercado de alquiler, «no mesmo día atópase inquilino».
Por esta razón, el concello tiene voluntad de trabajar en el mercado de alquiler para solventar el problema y cubrir una demanda existente en el concello. «A xente diríxese ao concello para ver se temos algunha información. Non sei explicar o motivo polo que a xente non pon as vivendas para alugar e prefire telas pechadas pero é un problema real”, afirma la regidora quien anuncia que en el próximo pleno se tratará la nueva ordenanza de acceso a las viviendas públicas del concello, que tiene unos componentes determinados ya que categorizará viviendas de emergencia y vivienda social, “son para un público determinado porque non van competir realmente no mercado de alugueiro».Pero mientras, el concello sigue tratando de resolver el problema hablando con los propietarios, “porque hai moita demanda”.
En la zona cercana a Valdeorras, hay otro municipio que también cumple los requisitos para ser zona tensionada, y es Viana do Bolo. Cabe recordar que aunque los parámetros los establece el gobierno central, es la Xunta de Galicia la que debe aprobar el trámite para que esta declaración sea llevada a cabo tras la solicitud de los concellos. En esta línea, es preciso aclarar, que la Xunta nunca se ha mostrado de acuerdo con esta declaración tal y como ha dejado claro el Instituto Galego de Vivenda e Solo (GVS), que acusa de “falta de rigor” a los criterios para establecer estas declaraciones.
