Los diputados del PSdeG-PSOE en Ourense ya están en Madrid. La capital era la última parada de la andiana que arrancaba el pasado miércoles, 10 de noviembre, con un objetivo claro: visibilizar el malestar del partido ante el reparto de fondos que realiza la Diputación de Ourense.
«Queremos difundir a nivel nacional el uso partidista que hace Baltar de los fondos públicos», explicaba Aurentino Alonso, diputado comarcal. Y es que en los presupuestos de la Diputación para el año 2022, los municipios de menos de 20.000 habitantes —todos menos la capital provincial— gobernados por el PP alcanzan los 5,4 millones en inversiones, sumando 91.687 habitantes. A los municipios gobernados por el PSOE se asignan solo 188.000 euros, sumando 91.867 habitantes.
Una vez en Madrid, este lunes han mantenido reuniones con el secretario de estado de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial, Alfredo González, y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz de Moragas. Los diputados y diputadas explicaron el que, en su opinión, es uno reparto «injusto que margina» a los vecinos y vecinas.
Desde la secretaría general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda trasladaron a los nueve cargos públicos su «preocupación» por lo que está sucediendo en la diputación, tras las explicaciones al respeto de la distribución de los fondos, mayoritariamente, mediante subvenciones nominativas, un procedimiento que, según la legislación vigente debe ser excepcional. «Es un proceder que el Consejo de Cuentas de Galicia ya puso en entredicho y ya calificó como irregular», recuerdan los diputados y diputadas.
A mediodía se reunieron con cargos socialistas en las Cortes Generales. Desde el entorno del Congreso, acompañados de diputados, diputadas, senadores y senadoras, el portavoz, Rafa Villarino, explicó que buscan «dar visibilidad en todo el Estado» para que «deje de estar en él anonimato este modelo». «Estamos denunciando una situación que es ya insostenible en nuestra provincia porque los alcaldes, los concelleiros, los diputados por supuesto y la población, están hartos de ser discriminados y relegados a uno segundo lugar», aseveró.
El siguiente paso será reunirse con el Defensor del Pueblo y la Federación Española de Municipios y Provincias
