Rozas, quemas controladas, fauna salvaje y limitaciones en espacios protegidos. Esos fueron algunos de los ejes centrales de la reunión mantenida esta semana entre responsables de la Xunta y representantes del sector ganadero de la provincia de Ourense, un encuentro que volvió a poner sobre la mesa las tensiones que arrastra el rural en su relación con la administración y con el propio territorio.
En la reunión participaron cargos de la Consellería de Medio Ambiente y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, que escucharon las principales demandas del sector y se comprometieron a realizar gestiones dentro de sus competencias para tratar de dar respuesta a problemas que, en muchos casos, se repiten desde hace años.
Uno de los asuntos más relevantes fue la posible planificación de rozas y quemas controladas en espacios naturales, una propuesta que será elaborada por el propio sector agroganadero y que la Xunta se ha comprometido a estudiar. La administración autonómica también anunció la realización de visitas conjuntas sobre el terreno para identificar necesidades urgentes y actuaciones que puedan ejecutarse a corto plazo.
El debate incluyó, además, la gestión de los terrenos incluidos en la Rede Natura 2000, especialmente en zonas de uceiras y pastos. En este punto, la Xunta aclaró qué tipo de actuaciones pueden desarrollarse para compatibilizar la conservación ambiental con los aprovechamientos ganaderos, una cuestión clave para muchas explotaciones que operan en entornos protegidos.
Otro de los focos de preocupación volvió a ser el impacto de la fauna salvaje. Lobo y jabalí centraron buena parte de las quejas del sector, ante los daños recurrentes en explotaciones y cultivos. Desde la Xunta se recordó que, entre finales del año pasado y este mes, se publicaron distintas órdenes de ayudas que suman cerca de cuatro millones de euros para prevenir y compensar esos perjuicios.
El encuentro no cerró acuerdos concretos ni calendarios definidos, pero sí dejó una idea clara: el modelo actual de gestión del monte y del territorio genera fricciones que el sector considera insostenibles. La respuesta de la administración pasa ahora por comprobar si los compromisos anunciados se traducen en medidas efectivas o quedan, una vez más, en el terreno de las buenas intenciones.
