Nueva polémica política en Viana do Bolo tras el último pleno municipal, donde la licitación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) ha quedado paralizada. PSOE y BNG votaron en contra de los presupuestos presentados por el equipo de gobierno del PP, presupuestos que incluían una partida de 924.000 euros destinada a garantizar la continuidad del SAF y el salario de sus trabajadoras durante los próximos tres años.
El gobierno local, encabezado por el alcalde Andrés Montesinos (PP), acusa a la oposición de bloquear por interés político un servicio esencial que atiende a personas mayores y dependientes. Desde su entorno lamentan que tras semanas de reivindicaciones laborales, incluso con fotos de unidad junto a las trabajadoras del SAF, la oposición haya votado en contra de los fondos necesarios para sostenerlo.
Sin embargo, el PSOE ha respondido con dureza, asegurando que el alcalde y su equipo han actuado de forma “espuria y manipuladora” al retirar del orden del día la votación sobre la licitación y evitar así un debate abierto. En un comunicado, los socialistas aseguran que no es necesario aprobar nuevos presupuestos para licitar el servicio, sino únicamente crear una partida presupuestaria específica, y acusan al PP de “engañar” a la ciudadanía y a las trabajadoras.
La formación socialista presentó una propuesta para financiar el coste anual del SAF, cifrado en 897.476,40 euros, utilizando remanentes del ejercicio anterior y partidas infrautilizadas. De este total, aseguran que el concello solo tendría que asumir 306.990 euros, mientras que el resto provendría de la Xunta, la Diputación y las aportaciones de los propios usuarios.
«El alcalde no se preocupa por los trabajadores ni por mejorar sus condiciones, y solo utiliza este tema con fines electoralistas», sentenció el PSdeG-PSOE. Desde su punto de vista, la inacción del PP ha mantenido al SAF en situación precaria durante tres años, y ahora solo busca culpar a la oposición de su propia gestión deficiente.
Mientras tanto, la continuidad del SAF en Viana sigue sin garantías claras, y los usuarios, en su mayoría personas mayores o en situación de dependencia, podrían ver interrumpido un servicio básico que ha sido politizado hasta el extremo.
