Miembros del comité de empresa de Medio Rural en Ourense, pertenecientes al sindicato CIG, han denunciado un año más tarde, lo mismo que demandaban en 2017, una base operativa en Vilanova, O Barco, y un helicóptero en funcionamiento para luchar contra los incendios que se producen en la comarca. Unha vez máis, Manuel Martínez, Eduardo González y Roberto Quiroga insistían en que las obras debían haberse llevado a cabo con anterioridad a la campaña de verano en la que ya estamos inmersos.
Por su parte, Manuel Martínez explicó que la CIG no quiere ser catastrofista «pero queremos que la gente de Valdeorras analice las circunstancias que se pueden producir en unas condiciones extremas en nuestra comarca» algo que un helicóptero no garantizaría que no se produjese pero «tener una base potente para que un incendio con potencial destructivo importante se pueda quedar en un conato, es importante tenerla». Decía esto Martínez, sobre todo porque «la calidad en prevencion es fundamental y sobre todo la premura de la misma«, algo que pasa, irremediablemente, «por un helicóptero de calidad».
Eduardo González explicou que «en la base de Río cuentan con dos helicópteros, que son pequeños, llevan a cuatro personas y 1.000 litros de líquido». La solución más fácil sería traer un helicóptero de Río para Valdeorras, aunque si se puede elegir, preferiblemente el helicóptero ha de poder llevar entre 9 y 12 personas y tener menos de 30 años». Para González, «ya hay suficiente peligro potencial en esta zona como para no entrar en ninguna discusión de este tipo porque no tiene ningún sentido», explica. De lo que se trata, dice , es de «minimizar el riesgo».
Asegura Roberto Quiroga que hay datos más que suficientes que aportar por lo que invita al diputado Moisés Blanco a que «se siente con nosotros para repasar los datos que reflejan una realidad». Por su parte, Blanco se pronunciaba esta misma semana insistiendo en el hecho de que las obras comenzarán de forma inminente, puesto que, «un mes después de que se apruebe la proposición no de ley en el Parlamento, la Consellería ya había conseguido el acuerdo con los vecinos para proceder a la limpieza del contorno de las instalaciones, al cierre perimetral y a la gestión de posibles escapes de combustible».
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