Con la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Barco deja atrás su configuración unipersonal para convertirse en un Tribunal de Instancia. Esta transformación es parte de la primera fase del cambio estructural que afecta a 315 tribunales en toda España, incluyendo los 38 que arrancaron esta semana en Galicia, uno por cada partido judicial.
En adelante, este nuevo órgano colegiado contará con dos plazas judiciales y una única Oficina Común de Tramitación, en la que, de los dos letrados administrativos que había, uno asume la dirección y el otro mantiene tareas procesales. El objetivo, explican los letrados locales, es promover una mayor especialización funcional, con equipos dedicados a la tramitación civil, penal y otras áreas competenciales, con la intención de liberar sobrecarga y mejorar la eficiencia
Los datos avalan la urgencia de esos cambios: entre septiembre y diciembre de 2023, el Juzgado nº 1 gestionó 500 demandas civiles, cifra que se disparó a 730 en 2024, con un nuevo sobresalto durante el primer trimestre de 2025 —coincidiendo con la entrada en vigor parcial de la nueva ley—. Un volumen que evidencia el desafío que representaba la pasada estructura unipersonal.
La experiencia ya probada en otros lugares da esperanza: en Badajoz, donde se implantó un sistema similar, los juzgados de instancia lograron reducir en más de un 40 % los asuntos pendientes y aumentar en un 70 % la ejecución de resoluciones. Además, al centralizar la creación de nuevas plazas dentro de los tribunales existentes, el coste de la reforma se reduce drásticamente: 86.000 € por plaza, frente a los 400.000 € que supondría abrir un nuevo juzgado independiente.
No obstante, el camino no está exento de retos: el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia advierte sobre la complejidad técnica y logística de la reforma, abarcando desde la digitalización hasta la coordinación entre administraciones autonómicas y estatales. El CGPJ, por su parte, ha publicado instrucciones operativas para garantizar una transición ordenada hacia este nuevo modelo.
En O Barco, los profesionales implicados aseguran estar «poniendo todo el esfuerzo para que tenga una repercusión positiva» en los tiempos procesales y en la atención a la ciudadanía. Pero el verdadero impacto solo podrá medirse en meses venideros, cuando comiencen a conocerse los indicadores de eficiencia, reducción de retrasos y satisfacción de usuarios.
