El debate sobre el lobo lleva años enfrentando a ganaderos, ecologistas y administraciones públicas. Sin embargo, lo que comenzó como una discusión sobre cómo gestionar una especie cada vez más presente en el noroeste peninsular ha terminado en el Tribunal Constitucional. La pregunta es sencilla: ¿qué ha ocurrido para llegar hasta aquí?
El primer gran cambio llegó en 2021. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en todo el territorio nacional.
La medida elevó el nivel de protección de la especie y limitó las posibilidades de realizar controles letales. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León rechazaron la decisión al considerar que la situación del lobo en el norte de España era muy diferente a la de otros territorios.
Desde entonces, la Xunta ha defendido que la población de la especie se encuentra en un estado favorable en Galicia y ha insistido en que los daños al ganado continúan creciendo. Los expedientes por ataques y las ayudas concedidas a los ganaderos se han convertido en uno de sus principales argumentos para reclamar un cambio de modelo.
La situación dio un giro en abril de 2025. Las Cortes aprobaron la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Durante su tramitación parlamentaria se incorporaron varias enmiendas que modificaban el régimen de protección del lobo.
La principal consecuencia fue la exclusión de las poblaciones situadas al norte del Duero del LESPRE, lo que permitió recuperar mecanismos de gestión y control que habían quedado limitados desde 2021. La Xunta entendió que aquella modificación daba cobertura legal para volver a aplicar medidas de control sobre la especie y adaptó su normativa a la nueva situación.
Las organizaciones ecologistas recurrieron el cambio, aunque su principal argumento no se centra en el número de lobos ni en los daños al ganado. Lo que cuestionan es la forma en que se aprobó la reforma. Consideran que una modificación tan importante sobre la protección de una especie no debería haberse incorporado mediante enmiendas a una ley cuyo objetivo era combatir el desperdicio alimentario y sostienen además que se evitó el procedimiento técnico y científico que normalmente exige la legislación ambiental.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no ha resuelto todavía quién tiene razón. Lo que ha hecho es plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al entender que existen dudas jurídicas suficientes sobre la forma en que se introdujo la reforma y sobre su encaje con varios principios constitucionales. El Defensor del Pueblo ya presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra esos mismos artículos, ytambién fue admitido a trámite por el Constitucional.
¿Qué ocurre ahora?
De momento, nada cambia. La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSXG no supone por sí misma la anulación de la reforma. Será el Tribunal Constitucional quien determine si los preceptos cuestionados son o no compatibles con la Constitución.
Por tanto, la cuestión ya no es únicamente si hay muchos o pocos lobos o si los daños justifican determinadas medidas de control. Hasta que llegue esa respuesta, una de las mayores controversias ambientales de los últimos años en Galicia seguirá abierta.
