La gestión del lobo ibérico ha abierto un nuevo frente entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Galicia y otras trece administraciones territoriales han remitido una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, para defender el rigor técnico de los informes elaborados sobre la especie y denunciar lo que consideran una actuación «arbitraria» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.
La iniciativa está respaldada por Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, además de Ceuta y Melilla. Todas ellas cuestionan la apertura por parte del Gobierno de un trámite de información pública específico para el lobo, un procedimiento que, aseguran, no se aplicó a otras especies cuyos informes fueron elaborados con idénticos criterios técnicos y metodológicos.
Las comunidades consideran que la documentación difundida por el Ministerio pone en duda la solvencia de los datos aportados por las autonomías y, por extensión, el trabajo desarrollado por sus equipos técnicos. En la carta remitida a Bruselas sostienen que expresiones utilizadas por el Ejecutivo central sugieren que la información autonómica carece de validación científica, algo que rechazan de forma contundente.
Otro de los puntos de conflicto es el procedimiento seguido para validar los datos. Los gobiernos autonómicos afirman que, a diferencia de lo ocurrido con otras especies, no existió un proceso de revisión y diálogo previo sobre los informes del lobo y recuerdan que tampoco se convocó la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar esta cuestión.
Las críticas también alcanzan los criterios utilizados para evaluar el estado de conservación de la especie. Las comunidades rechazan que se considere imprescindible alcanzar las 500 manadas en una región biogeográfica para declarar favorable la situación del lobo y sostienen que ese requisito nunca ha sido fijado por la Comisión Europea. De hecho, recuerdan que otros países han obtenido la validación de sus informes con poblaciones inferiores.
Además, solicitan aclaraciones a la Comisión Europea sobre unas recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien aseguró haber remitido ya los datos del lobo a Bruselas. Según denuncian las autonomías, esa documentación nunca les fue trasladada.
Paralelamente, la Xunta ha enviado una carta al Ministerio defendiendo que el Plan de Gestión del Lobo de Galicia busca compatibilizar la conservación de la especie con la reducción de los daños recurrentes al ganado, mediante actuaciones excepcionales y justificadas científicamente.
