En la tarde del martes día 16 de octubre se hacía pública la noticia de que la Conferencia Episcopal Española, CEE, ha elegido al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, para presidir una comisión que se encargará de actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales y pederastia y configurar una nueva normativa que permita detener estas agresiones y juzgarlas en su justa medida.
La CEE elige así, para esta nueva comisión, a 10 expertos y un presidente cuya diócesis es una de las tres únicas en las que el protocolo de actuación obliga a que los obispos denuncien los casos de abusos y agresiones ante la fiscalía. Por otra parte, la elección ha suscitado polémica puesto que el elegido, licenciado en Derecho, es conocido por haber instruido en 2017 el controvertido caso prescrito de abusos sexuales en el seminario menor de La Bañeza, León. El sacerdote acusado, José Manuel Ramos, fue castigado a estar un año sin desempeñar actividades pastorales por haber abusado de cuatro menores a finales de los años noventa. Todo el proceso se llevó en silencio, hasta que el denunciante llevó el caso a los medios y eso animó a otra víctima a denunciar al cura por abusos en un colegio de Zamora. El caso terminaría con el destierro del sacerdote durante 10 años a un convento fuera de Astorga.
Las víctimas ahora se sienten ofendidas con el nombramiento y dicen no entender por qué no pueden estar representadas en la nueva comisión, que se forma tres meses antes de la reunión convocada por el Papa Francisco con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar el escándalo de los abusos y adoptar medidas para erradicarlos.
