El sábado se cumplían dos meses de huelga en el sector de justicia en Galicia. Dos meses de huelga que también han afectado al partido judicial de O Barco que recoge a los concellos de O Barco, Carballeda, Petín, Rúa, Rubiá, A Veiga y Vilamartín.
Una parálisis que en este partido judicial ha suspendido un total de 40 juicios, según informan desde los juzgados. En el Juzgado número 1 se han suspendido cuatro juicios mientras que en el número dos han sido el resto.
Tan solo se celebran los juicios de penal sí como aquellos de familia que afectan a menores, el resto deberán esperar a que los funcionarios de Justicia dependientes de la Xunta lleguen a un acuerdo con el gobierno autonómico.
Hasta ahora la huelga afecta a aquellos funcionarios de Justicia que dependen, directamente de la Xunta, dado que la comunidad tiene transferidas los medios materiales. Es decir los funcionarios de auxilio judicial, los tramitadores y gestores procesales. Los sindicatos reclaman una subida del complemento autonómico que equipare a los trabajadores gallegos con los de otras comunidades. Con esta subida lineal, según la tabla que el propio comité de huelga difundió en febrero, la suma del complemento autonómico transitorio y de la productividad rondaría los 550 euros al mes para los funcionarios gallegos. Sin fecha para un nuevo encuentro para intentar desatascar el conflicto, la Xunta mantiene sobre la mesa una propuesta que se traduciría en una subida salarial de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.
El comité de huelga, que representa a un colectivo de unos 2.700 funcionarios, rebajó su exigencia de 190 a 180 euros lineales para todos los cuerpos con efectividad en dos anualidades. Piden también una cláusula de revisión anual con índice corrector y un plan de recuperación del trabajo perdido.
Pero la situación para los vecinos no tiene pinta de mejorar. Jueces y fiscales preparan movilizaciones. En Ourense han decidido de forma unánime secundar la posición de sus asociaciones, que incluyen medidas para reforzar la independencia, modernizar la administración de justicia, racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales.
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