Más de 2.500 viviendas en Valdeorras están construidas sobre radón, un riesgo invisible que se podría evitar
Respiran sin saberlo un enemigo invisible. En sus casas, en sus negocios, en los lugares donde pasan horas cada día. El gas radón, incoloro, inodoro e insípido, se filtra desde el subsuelo y se acumula en las viviendas, aumentando el riesgo de cáncer de pulmón sin que sus habitantes sean conscientes. Galicia es una de las zonas con mayor concentración de este gas en España, y la provincia de Ourense está especialmente expuesta.
Desde hace unos años, existe normativa específica para construir en zonas de alta concentración de gas radón. Pero muchos edificios ya se habían levantado antes de conocer los riesgos. Según los estudios disponibles, en la comarca de Valdeorras más del 10 % del parque de viviendas supera los niveles considerados peligrosos. Se estima que al menos 2.500 personas están viviendo sobre una amenaza oculta. Y lo peor es que la mayoría no lo sabe.
Este viernes, la Diputación de Ourense aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Provincial Socialista para poner en marcha un plan de cooperación con los concellos para reducir la exposición de la población al radón. «El problema del radón en Ourense es grave y sobre él no hay suficiente información ni concienciación, aunque tiene consecuencias directas sobre la salud», defendió en el pleno el grupo provincial socialista.
El programa aprobado estará dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, todos los de la provincia salvo la capital, y tendrá como objetivo controlar y minimizar los riesgos asociados a este gas, que en Ourense alcanza niveles especialmente elevados por sus características geológicas.
Para ello, se trabajará en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, que realizará estudios en los concellos adheridos al plan. Además, se llevarán a cabo acciones de divulgación y sensibilización para que la población conozca los riesgos del radón y cómo reducir su presencia en las viviendas.
También se incluirán mediciones y controles en edificios provinciales, con informes periódicos elaborados por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación, que informará cada trimestre sobre la exposición de los trabajadores y las medidas adoptadas para minimizar los riesgos.
El radón es un gas radiactivo que se origina en la descomposición del uranio presente en suelos y rocas, especialmente en terrenos graníticos. Se filtra a través de grietas en los cimientos, tuberías y materiales de construcción, acumulándose principalmente en sótanos y plantas bajas. Cuando se respira durante años, puede provocar cáncer de pulmón. En Galicia, se calcula que causa unas 110 muertes al año.
Lo sorprendente es que evitar la exposición es fácil. Ventilar los espacios cerrados, sellar grietas en el suelo y las paredes o instalar sistemas de extracción son medidas simples y accesibles que pueden salvar vidas.
Por eso, el PSOE defendió en el pleno que la Diputación impulse estudios gratuitos o a bajo coste para que la gente sepa si está expuesta y cómo solucionarlo. «Lo más importante es que la gente sepa a lo que se enfrenta y qué puede hacer para solucionarlo», insistió Alonso
El PSOE insiste en la gestión pública del centro de discapacitados de Ourense
El gas radón no es la única preocupación que el PSOE provincias llevó al pleno de la Diputación. También presentó una moción para exigir la gestión pública del nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense, construido por la Xunta de Galicia.
Inicialmente, todos los grupos políticos acordaron solicitar a la Xunta que el centro tuviera una gestión pública, como ocurre en los de A Coruña, Pontevedra y Lugo. Sin embargo, días después, la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunció que la gestión se cedería a una ONG o fundación.
Esta decisión ha generado preocupación entre las familias, que temen que la atención no sea la misma que en los centros públicos. «Estamos hablando de personas con necesidades especiales que requieren un trato continuado y estable», señala Alonso. «Si la gestión es privada, aunque sea sin ánimo de lucro, los recursos serán limitados. Además, dentro de tres años, cuando acabe el contrato, puede haber un cambio de entidad gestora y todo el personal será sustituido, rompiendo los vínculos que los usuarios han creado con sus cuidadores».
El PSOE insiste en que la mejor opción es la gestión pública para garantizar estabilidad y calidad. «Los padres de Ourense merecen el mismo trato que los de Lugo, Pontevedra o A Coruña», subraya Alonso.