Valdeorras cuenta con más de 1.500 residentes extranjeros, lo que supone en torno al 6 % de su población total, situada en 25.139 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Una presencia que, aunque por debajo de la media nacional, ha ido ganando peso en los últimos años y resulta significativa en el contexto de una comarca rural.
La distribución no es homogénea. O Barco de Valdeorras concentra el mayor número, con alrededor de 800 personas extranjeras, lo que representa aproximadamente un 6 % de sus 13.370 habitantes. Le siguen A Rúa, con cerca de 250 residentes, y Carballeda de Valdeorras, donde se superan los 130 inmigrantes y se alcanza uno de los porcentajes más elevados del territorio, en torno al 10 %.
En otros municipios, la presencia también es relevante. En Rubiá y Vilamartín de Valdeorras se sitúa entre el 5 % y el 7 %, mientras que en Petín y A Veiga oscila entre el 3 % y el 5 %. En concellos como O Bolo o Larouco, aunque las cifras absolutas son menores, el peso resulta significativo en relación con su población.
En el conjunto de la provincia de Ourense, los residentes extranjeros superan las 45.000 personas, lo que supone alrededor del 15 % del total. De ellos, más de 1.500 viven en Valdeorras, aproximadamente un 3 % del total provincial.
Una realidad que se enmarca en un contexto más amplio a nivel nacional. En España residen más de siete millones de personas con nacionalidad extranjera, en torno al 14 % de la población, una cifra que supera los diez millones si se tienen en cuenta las personas nacidas fuera del país. Dentro de este colectivo, distintas estimaciones sitúan entre 500.000 y 800.000 a quienes se encuentran en situación administrativa irregular.
En este escenario, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proceso extraordinario de regularización que permitirá conceder autorización de residencia y trabajo a quienes cumplan los requisitos exigidos por el ejecutivo. La medida abre la puerta a que parte de la población extranjera que ya reside en la comarca pueda normalizar su situación administrativa.
Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el permiso tendrá una vigencia inicial de un año e incluirá acceso a número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria. Posteriormente, estas personas podrán incorporarse a las vías ordinarias previstas en el reglamento de extranjería.
El proceso podrá iniciarse de forma telemática a partir del 16 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y de forma presencial desde el 20 de abril.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la medida como un proceso de «normalización» que reconoce «la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana».
Por su parte, el Partido Popular ha anunciado una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la iniciativa. La vicesecretaria Alma Ezcurra ha advertido de que «nadie sabe cuántas personas se van a acoger» y ha cuestionado el impacto de la medida.
