Han sido siete años pero, finalmente, el Tribunal Supremo, ha dictado sentencia y ha reconocido que las trabajadoras de ayuda a domicilio del concello de O Barco de Valdeorras se deben regir por el convenio de trabajadores municipales, según han dado a conocer desde el sindicato CIG. Una sentencia que afecta a la más de una docena de trabajadoras que forman esta plantilla pero que también crea jurisprudencia afectando a todos los trabajadores municipales en esta situación en toda España.
Según dio a conocer Xosé Rodríguez, asesor jurídico de la CIG en Valdeorras, el concello negaba a las trabajadores el derecho a cobrar según convenio. “Pedíamos una equiparación a la categoría de peón” destacó. Una reclamación que se trató primero en el Juzgado Social número 2 de Ourense quien dio la razón a las trabajadoras . El concello recurrió dicha sentencia y el juzgado de lo social número 4 se inclinó a favor del concello. Según Rodríguez, la justicia de Galicia dio versiones contradictorias que finalmente se han resuelto en el Tribunal Supremo ratificando la primera sentencia del juzgado social.
“Esta sentencia tiene efectos sobre estas trabajadoras pero también sobre todos los que se encuentren en una situación similar. Desde la delegación de Valdeorras de la CIG vamos a trabajar para darlo a conocer en todos los concellos de la comarca”, destacó el vocal valdeorrés, Francisco Moral.
Por su parte, Anxo Pérez, secretario comarcal de la CIG en Ourense ha calificado como “doloroso” que un concello gobernado por el PSOE, “que ha luchado por la igualdad” llegue al Tribunal Supremo con este caso. Desde el sindicato ven esta negativa como un caso de discriminación indirecta al ser todas las trabajadores afectadas, mujeres. “Pero nos da alegría porque crea jurisprudencia”, destacó. Además señaló que este hecho estaba atascando la negociación del convenio de los trabajadores.
La sentencia se dictó el pasado 13 de octubre y fue notificada al sindicato el pasado 4 de noviembre. Desde la CIG esperan que el concello acate la misma y que abonen el salario correspondiente así como los pagos a la seguridad social de los trabajadores afectados en los últimos siete años. “En algunos casos esta diferencia de salarios son más de 4.000 euros anuales”, han explicado.
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