La Confederación Intersindical Galega, CIG ha denunciado la privatización del servicio de ayuda a domicilio del concello de O Barco así como represalias contra sus trabajadoras.
Tras el proceso de siete años, en el que el Juzgado reconocía que dichas empleadas estaban incluidas en el convenio municipal de trabajadores, algunas no incluidas en este proceso han reclamado también sus derechos, "para que se lles recoñeza o carácter indefinido dos seus contratos. A estas mesmas mulleres, o Concello venlle renovando o contrato cada ano, pero desta vez, non o fixo con tres delas, cuestión que dende a CIG mantemos que isto supón unha represalia individual cara a estas traballadoras polo mero feito de reclamar os seus dereitos", tal y como han señalado desde el sindicato.
Por otra parte, destacan, que cada año, un grupo de mujeres se presentaba a una bolsa de empleo pública, con la finalidad de ser contratadas por el Ayuntamiento, aprobando previamente un examen. Pero ahora deben pasar un examen público, para pasar a estar contratadas por medio de una empresa privada, siendo el propio concello el que tiene relación laboral directa con este grupo de trabajadoras. El consistorio se excusa en que esta situación se debe a temas burocráticos, pero la realidad es que desde el 1 de enero dicha empresa sigue estando presente, cuestión que desde esta central sindical recalca de que ha podido existir indicio de cesión ilegal de trabajadoras.
Desde el sindicato siguen apuntando que estas mismas mujeres, para poder cobrar lo que el concello les debe del año pasado, le está entregando un cheque al contado (hasta el momento lo venía haciendo por medio de ingreso bancario) acompañado de un documento que deben firmar para poder cobrar, y que recoge que no van a reclamar nada más, actitud que el sindicato considera un abuso de poder por parte de la administración municipal. Desde la CIG lamentan la actitud que está adoptando el Ayuntamiento del Barco de Valdeorras y por consiguiente el propio alcalde.
Desde CIG denuncian las, según ellos, represalias que el concello tiene con estas trabajadoras por reclamar sus derechos, la intencionalidad de privatizar el servicio de ayuda a domicilio, y el abuso de poder que está adoptando el propio Ayuntamiento a la hora de pagar las deudas que mantiene con las trabajadoras, y exigen al mismo tiempo que este servicio sea un servicio público.
Por su parte, el alcalde Alfredo García ha negado tales manifestaciones señalando que, en el momento de la renovación dichas trabajadoras se encontraban en situación de baja laboral, lo que impedía ser contratadas de nuevo y añadió que una empresa privada esta realizando las contrataciones debido a la imposibilidad, por falta de tiempo, de crear una bolsa de empleo. Respecto a una posible privatización del servicio, García destaca que no es cierto y que prueba de ello es que se ha incluido a las trabajadoras en la RPT, Relación de Puestos de Trabajo.
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