Pontón acusa en A Rúa a la Xunta de «no estar a la altura» nueve meses después de los incendios

Han pasado nueve meses, pero las huellas del fuego no se han borrado. La situación tras el incendio que arrasó 30.000 hectáreas en Valdeorras sigue abierta y, en algunos puntos, incluso se agrava. En A Rúa, las lluvias recientes han dejado al descubierto una de las consecuencias que ya se temían: el arrastre de cenizas y tierra desde las zonas quemadas, con impacto directo en el abastecimiento de agua y en el entorno.

Ese fue el punto de partida de la visita de este jueves de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que se desplazó hasta el municipio acompañada por la alcaldesa, María González Albert, el diputado autonómico Secundino Fernández y representantes de sectores económicos afectados por los fuegos del pasado agosto.

En la comparecencia posterior a la reunión, la regidora puso el foco en la situación actual. Explicó que el concello lleva meses «arrastrando as consecuencias do lume» y que esta misma semana se vivió un episodio especialmente complicado tras una «escorrentía grandísima» que evidencia los problemas derivados de la falta de actuación sobre el terreno. Según señaló, las lluvias han agravado la situación en las zonas afectadas y han repercutido en sistemas de abastecimiento que ya venían siendo vulnerables.

María González Albert también denunció que, ocho meses después, «practicamente ningún traballo de restauración do terreo» se ha ejecutado por parte de la Xunta, y advirtió de que las ayudas comprometidas, especialmente en el sector vitivinícola, «non se están a materializar». En este contexto, reclamó una respuesta real para vecinos, empresas y productores afectados, y trasladó la situación a Pontón para que sea llevada al Parlamento gallego.

A continuación, la líder nacionalista incidió en la magnitud de lo ocurrido el pasado verano, recordando que se trató de «os incendios máis grandes da nosa historia», con miles de personas desalojadas, viviendas afectadas y una parte importante del territorio devastada. Sin embargo, subrayó que lo más preocupante es que, nueve meses después, las consecuencias siguen siendo visibles y la respuesta institucional, insuficiente.

Pontón aseguró que la Xunta «segue sen estar á altura» y aportó datos concretos: solo se ha actuado en 6.000 de las 120.000 hectáreas quemadas y la mayoría de las ayudas ni se han abonado ni siquiera concedido, con un 67% todavía en tramitación. «Temos a un Goberno galego e a un presidente que non cumpren coa súa palabra», afirmó.

En este escenario, lanzó una pregunta directa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: si va a cumplir con el compromiso de ejecutar las franjas de protección en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Se trata de una medida que el propio Ejecutivo autonómico presentó como clave tras la ola de incendios y cuyo plazo expira el próximo 31 de mayo.

«Queremos saber se esas franxas van a estar executadas antes desta data ou simplemente estamos ante unha nova mentira», advirtió Pontón, que recordó que esta actuación afecta a cientos de concellos y es fundamental para garantizar la seguridad de personas y viviendas.

La portavoz del BNG también criticó que el Gobierno gallego «non aprendeu nada desta vaga de lumes» y que está repitiendo políticas que, a su juicio, contribuyeron a la situación vivida. Frente a ello, defendió las propuestas recogidas en el plan «Da cinza á vida», presentado por su formación tras los incendios.

Entre las medidas, destacó la necesidad de agilizar el pago de ayudas, impulsar un modelo de monte multifuncional que favorezca la prevención, apostar por especies autóctonas y establecer una moratoria indefinida al eucalipto. También reclamó reforzar el dispositivo de extinción con personal estable durante todo el año y avanzar en la restauración real de las zonas afectadas para evitar que vuelvan a arder.

Mientras tanto, en A Rúa y en el conjunto de Valdeorras, el impacto de los incendios sigue presente. No solo en el paisaje, aún marcado por miles de hectáreas arrasadas, sino también en el día a día de vecinos y sectores económicos que continúan esperando respuestas que, por ahora, no terminan de llegar.