El acuerdo UE-Mercosur reaviva el debate sobre la protección del sector agrogandeiro gallego
El debate en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur continúa intensificándose en Galicia, con posicionamientos claros desde el ámbito político, institucional y agrario. En los últimos días, tanto el BNG como el Sindicato Labrego Galego han reiterado su rechazo al tratado, mientras que la Xunta de Galicia ha defendido el refuerzo de controles y la aplicación de cláusulas de salvaguarda.
La eurodiputada del BNG Ana Miranda subraya que su formación se opone al acuerdo con Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— por el impacto que tendría sobre el sector agrogandeiro gallego, especialmente en ámbitos como la carne, la apicultura o la avicultura, donde predominan las pequeñas explotaciones. A su juicio, el tratado supone una triple amenaza: competencia desleal para los productores, falta de garantías para los consumidores y un riesgo medioambiental derivado de estándares menos exigentes que los de la Unión Europea.
Miranda denuncia además que el Partido Popular rechazó en Bruselas medidas de protección adicionales para el sector. En concreto, el BNG presentó enmiendas para introducir una cláusula de salvagarda que permitiría activar automáticamente medidas protectoras si las importaciones de un producto aumentaban un 5 % en tres años o si su precio de importación caía más de un 5 %. Estas propuestas no prosperaron, lo que, según la eurodiputada, deja a las explotaciones gallegas “sen unha protección efectiva” frente al acuerdo.
Desde el ámbito autonómico, la Xunta de Galicia también ha situado el acuerdo UE-Mercosur como una de sus principales preocupaciones. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se comprometió esta semana en Ourense a incrementar los controles ante la posible entrada de productos procedentes de estos países y a reforzar la promoción de los productos gallegos, especialmente los de calidad diferenciada. Para ello, avanzó que se citará a representantes de la distribución como parte clave de la cadena de valor.
Durante la reunión mantenida con representantes de la Asociación do Sector Primario de Galicia, Gómez insistió en que las cláusulas de salvagarda son “imprescindibles” para la Xunta y reclamó al Gobierno central un refuerzo de las inspecciones y controles de frontera, competencia estatal. La conselleira reiteró que cualquier producto que entre en España debe cumplir los mismos requisitos sanitarios y de calidad que los exigidos a los productores europeos.
El encuentro forma parte de una ronda de contactos continuados con el sector, que continuará en los próximos días con nuevas reuniones en Lugo y con la convocatoria de la comisión de trabajo sobre la futura Política Agraria Común en el seno del Consello Agrario, donde Mercosur volverá a ser uno de los asuntos centrales.
En paralelo, el BNG recuerda que lleva más de un año alertando de los efectos del acuerdo y trasladando su preocupación tanto a los comisarios europeos de Agricultura y Comercio como en movilizaciones y foros celebrados en Bruselas y en Galicia. El partido advierte del riesgo de desaparición de pequeñas explotaciones si el tratado avanza sin una evaluación suficiente de sus consecuencias para el sector agroganadero gallego.
El Sindicato Labrego Galego anuncia movilizaciones y rechaza cualquier salvaguarda
Mientras tanto, el Sindicato Labrego Galego mantiene un “no rotundo” al acuerdo UE–Mercosur y rechaza de plano la inclusión de cláusulas de salvaguarda, al considerar que no ofrecen garantías reales para el sector productor europeo. La organización agraria alerta de que los controles actuales no impiden la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la Unión Europea y advierte de que la situación podría agravarse con el aumento de importaciones.
El sindicato ha exigido a la Unión Europea, al Gobierno del Estado y a la Xunta de Galicia que se posicionen en contra del acuerdo y ha anunciado una agenda de movilizaciones para las próximas semanas si no se atienden sus demandas. Entre las acciones previstas figuran reuniones con distintas administraciones y nuevas protestas para visibilizar el rechazo del sector.
Desde el SLG insisten en que la alimentación y la salud de la población no deben formar parte de tratados de libre comercio y consideran que el Mercosur pone en riesgo la supervivencia de miles de explotaciones agrarias, especialmente en el medio rural.
Con estos posicionamientos, el acuerdo UE–Mercosur se consolida como uno de los grandes focos de conflicto entre el sector agrario, las formaciones políticas y las administraciones. Mientras el BNG y el Sindicato Labrego Galego reclaman el rechazo total del tratado, la Xunta defiende una estrategia basada en el refuerzo de controles y en la exigencia de cláusulas de salvaguarda, en un contexto de creciente preocupación en el rural gallego por el futuro de la agricultura y la ganadería.